Fito Páez

Por Deisy Francis Mexidor - PERIODICO GRANMA

En el año 2005 parecía estar cercana la liberación de René González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González y Antonio Guerrero, los cinco luchadores antiterroristas cubanos, prisioneros políticos en Estados Unidos desde el 12 de septiembre de 1998.

Cinco expertos del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, concluyeron que la prisión era ilegal y arbitraria.

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU consideró que «a partir de los hechos y las circunstancias en que se celebró el juicio y la naturaleza de los cargos y de las severas sanciones se infiere que el juicio no tuvo lugar en un clima de objetividad e imparcialidad que se necesita para concluir que cumple con las normas de un juicio justo». Ese mismo grupo solicitó en su conclusión que «el Gobierno (de Estados Unidos) adopte las medidas necesarias para remediar esta situación». Ello significaba ponerlos de inmediato en libertad.

Dos meses después, la opinión pública internacional conocía con beneplácito los resultados de la apelación interpuesta ante la Corte del Onceno Circuito de Atlanta, Georgia. Un panel de tres jueces que había escuchado los argumentos orales de la Defensa el 10 de marzo de 2004 falló a favor de la realización de un nuevo juicio fuera de Miami y revocó las cinco sentencias, por estimar que el proceso carecía de las garantías legales y que se había efectuado en un lugar abiertamente hostil hacia Cuba.

Los magistrados actuantes plasmaron sus criterios en un alegato de 93 páginas, en el cual expusieron que los Cinco estaban infiltrados en organizaciones terroristas radicadas en aquella ciudad del sur de Florida y determinaron que la presencia de aquellos mismos terroristas en la Corte estableció preocupaciones de seguridad a los miembros del jurado.

Aparentemente, el sistema judicial decía al poder ejecutivo que había sido mal representado ante la Corte y ahí se fundieron los dos, porque del gobierno federal, de la máxima instancia de la Fiscalía, salió la solicitud, recurriendo a un recurso que para casos excepcionales permite la ley, de que la decisión de los tres jueces fuera reanalizada por el pleno de los 12 jueces del Onceno Circuito. Así, se había roto una alianza, había sido traicionada esa comunidad de Miami, el sistema judicial había interferido, algo políticamente inaceptable para la administración de Estados Unidos. Justo un año después, el 9 de agosto de 2006, el pleno ofreció su nueva opinión: revocó la decisión anterior.

Como los jueces de Atlanta se concentraron en que el lugar no era apropiado para un juicio imparcial contra los Cinco, ahora deberán pronunciarse sobre el resto de los aspectos y el caso ha regresado a sus manos para terminar de discutir nueve temas que quedaron pendientes. Entre otros asuntos, los letrados deberán decidir sobre los delitos de conspiración contra los Estados Unidos y sobre cuestiones de procedimiento. Los jueces pueden alargar indefinidamente el caso mientras cinco hombres permanecen encarcelados por combatir el terrorismo y sufren presiones tanto personales como sobre sus familiares, ya que en unos casos se les alargan las visitas y en otros se les impide.

A ocho años del arresto, el sistema judicial de aquel país ha sido incapaz de responder si el juicio se hizo o no en procedimiento, y el peor problema es que hasta que le panel de los tres jueces y el pleno del Onceno Circuito resuelvan todos los asuntos pendientes el caso no podrá elevarse al siguiente escalón: la Corte Suprema. Evidentemente es un servicio al gobierno de los Estados Unidos y no a la justicia.

En el punto actual es imprescindible que la solidaridad se amplíe y diversifique entre diferentes sectores, especialmente dentro del territorio estadounidense. En tanto, crece el movimiento de apoyo: si en diciembre del 2002 existían menos de 100 comités, en 2006 sumaban más de 290, diseminados a su vez en unos 90 países.