Cada año, el Banco Mundial
(el Banco) canaliza entre US$18 y 20 mil millones
hacia los países en desarrollo a través de préstamos
y donaciones que tienen como objetivo declarado
disminuir la pobreza y fomentar el crecimiento
económico. El Banco siempre actúa conjuntamente con
su agencia "hermana", el Fondo Monetario
Internacional (el Fondo), incluso en países que ya
no solicitan apoyo ni préstamos del Fondo. No toda
la ayuda y el financiamiento del Banco están
destinados a los gobiernos. Un monto considerable va
dirigido directamente al sector privado,
especialmente a las grandes compañías, en la forma
de préstamos, asistencia técnica y mitigación de
riesgos de inversión.
Respaldo para los ricos
A lo largo de sus más de 60
años de existencia, el Banco se amplió y dejó de ser
una única institución, el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (BIRF). Ahora está
integrado por cinco instituciones, cada una de ellas
dedicada a un área específica de operaciones.(1)
Éstas incluyen financiamiento y otras ayudas de
auxilio y rehabilitación; infraestructura
institucional y física para sectores como la
energía, el transporte, la industria extractiva y
las telecomunicaciones; la reestructuración de
sectores claves como la salud, la educación, el agua
y la agricultura para transformarlos en sectores
privados orientados al mercado; el desarrollo del
sector privado; y la mitigación de los riesgos de
inversión que corren las empresas privadas. A pesar
de los escándalos recientes, el Banco es una
institución poderosa. Para los países que son sus
clientes, el Banco es, en la mayoría de los casos,
virtualmente la única puerta de acceso al comercio
internacional, la financiación para el desarrollo y
el capital de inversión privado. El Banco deriva su
poder y sus agendas políticas de sus accionistas más
ricos -los gobiernos que conforman el G-7,(2) que
usan sistemáticamente al Banco para asegurarle a sus
respectivas empresas transnacionales lucrativos
negocios comerciales y de inversión en los países en
desarrollo.
La influencia de las
grandes empresas en y a través del Banco se
manifiesta de distintas formas. Las más obvias son
las ayudas que reciben las empresas privadas a
través de tres de las instituciones especializadas
del Banco: la Corporación Financiera Internacional (CFI),
el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones
(OMGI) y el Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
La CFI es el brazo del
Banco para el sector privado y la mayor fuente
multilateral de financiamiento de capital accionario
y préstamos para las empresas privadas en los países
en desarrollo, a nivel mundial. La CFI dice
respaldar el desarrollo económico, el empleo y la
reducción de la pobreza, promoviendo para ello los
mercados abiertos, competitivos y eficientes y
brindando apoyo directo a las compañías privadas en
los países en desarrollo. Ha desarrollado una amplia
variedad de herramientas y servicios para permitir
que las empresas privadas puedan administrar los
riesgos de inversión y ampliar su acceso a capital y
a los mercados en los países en desarrollo. El Banco
y la CFI crearon además un servicio de ‘respuesta
rápida en materia de conocimiento' (Rapid Response
knowledge initiative), que se especializa en brindar
asesoramiento con respecto a las reformas del clima
de negocios y las políticas de privatizaciones en
los países en desarrollo. Este mecanismo mantiene un
servicio de blog en internet denominado "Desarrollo
del Sector Privado (Private Sector Development -
PSD) -un enfoque de mercado para pensar el
desarrollo", que promueve su ideología pro-mercado y
pro-empresarial.(3)
Una mirada más de cerca a
las operaciones de la CFI muestra que gran parte del
apoyo que brinda está destinado a grandes empresas
bien financiadas, y no a empresas locales de pequeño
porte. A través de la CFI, las grandes compañías
obtienen acceso a enormes contratos gubernamentales
para proyectos de infraestructura y prestación de
servicios y otras oportunidades de inversión
relativamente libres de riesgo. Las comunidades
locales, por otra parte, tienen poca posibilidad de
intervenir y decidir, y ningún beneficio en estas
inversiones, ya que las salvaguardas sociales y
ambientales son invalidadas cada vez más a menudo,
en aras de las exigencias de lucro de las empresas.
El OMGI les presta algunos
de los servicios más importantes a las empresas
privadas, mitigando los riesgos políticos de la
inversión privada en los países de alto riesgo,
bajos ingresos y que están afectados por conflictos.
El fuerte del OMGI es el riesgo político y el riesgo
soberano, que incluye las acciones gubernamentales
que puedan amenazar las ganancias de las empresas.
Las garantías que ofrece el OMGI contra el riesgo
protegen la inversión privada de las empresas contra
las pérdidas que pudieran resultar de una
expropiación de activos o el incumplimiento de
contratos, o en casos de guerra y revueltas civiles,
inclusive insurrecciones, golpes de Estado,
revoluciones, sabotajes y terrorismo. Este organismo
se enorgullece de ser líder de la industria de
seguros de riesgo político, y colabora con
aseguradores privados y públicos para "alentar a los
aseguradores del sector privado a que establezcan
transacciones que de otra forma no hubieran
asumido".(4) Los beneficiarios del OMGI son
generalmente empresas transnacionales que operan en
sectores tales como el agua, la energía, el petróleo
y el gas, las telecomunicaciones, los automotores,
el agronegocio y el turismo de lujo.
El OMGI también brinda
servicios de "mediación de diferencias", tarea en la
cual complementa al CIADI, que oficia como un
tribunal privado, casi secreto para resolver las
controversias entre Estados e inversionistas
privados. El CIADI fue recientemente foco de
atención pública debido a la demanda que entablaron
las empresas Bechtel y Aguas del Tunari contra
Bolivia, por la rescisión del contrato de
privatización del agua en la ciudad boliviana de
Cochabamba. Una campaña internacional multitudinaria
y bien coordinada contra Bechtel obligó a la empresa
a aceptar un arreglo por 30 centésimos. Pero el caso
llamó la atención de la opinión pública mundial
sobre el sistema de cortes comerciales a puertas
cerradas que administra el Banco, y que
mayoritariamente apuntan a proteger los derechos de
los inversionistas privados o empresariales en
sectores cruciales para el interés público como el
agua, la electricidad, las telecomunicaciones, el
petróleo, el gas natural y la minería.
Apoyo a las corporaciones
disfrazado de "desarrollo"
Menos llamativas, aunque
más insidiosas y penetrantes son las prescripciones
políticas pro-empresariales que acompañan el
financiamiento del Banco a los llamados proyectos y
programas de "desarrollo", a través del BIRF y la
Asociación Internacional de Fomento (AIF).
Especialmente notorios son los paquetes de reforma
económica que buscan instalar gobiernos pequeños,
eficientes y amigables con las empresas para que
establezcan economías capitalistas favorables a las
empresas. Estas reformas, conocidas primero como
Programas de Ajuste Estructural (PAE) y luego
redefinidas como "estrategias de reducción de la
pobreza", están diseñadas para abrirle a la
inversión extranjera los mercados y economías de los
países receptores de préstamos, a través de la
liberalización del comercio y las inversiones, y la
privatización de las empresas de servicios públicos,
las empresas estatales de comercialización y demás
empresas estatales, y la desregulación financiera.
Las reformas también exigen la eliminación de los
subsidios cruzados para los pobres y las
protecciones para los trabajadores y los productores
y empresas nacionales, y el drástico recorte de los
programas sociales financiados por el Estado
-incluidos los de salud, educación, agua potable y
saneamiento.
Aunque el objetivo
declarado de su "financiamiento para el desarrollo"
es aliviar la pobreza, aumentar el empleo, y elevar
los niveles de vida estimulando un rápido
crecimiento económico, los proyectos y programas del
Banco en realidad benefician mucho más a las
empresas privadas, los contratistas y las firmas de
consultores, antes que a los pobres. El impulso del
Banco a la liberalización del comercio,
conjuntamente con la eliminación de los apoyos
destinados a los productores y las empresas
nacionales, les permiten a las empresas extranjeras
el acceso irrestricto a los mercados de los países
en desarrollo en sectores cruciales como la
agricultura, los servicios y la industria. Con su
insistencia en que los países prestatarios rebajen
sus reglamentaciones en materia laboral y ambiental
y establezcan sistemas impositivos y regímenes de
propiedad favorables a las empresas, el Banco
virtualmente les asegura a los inversionistas
privados un pasaje gratis, a costa de las
comunidades locales, los trabajadores y el
medioambiente.
La creencia casi religiosa
del Banco en la mercantilización y la privatización
ha sido sumamente funcional a los intereses de las
empresas. Independientemente del tema o sector del
que se trate (agua, electricidad, comercialización
agrícola, salud, educación, etc.), el Banco exige el
retroceso del Estado y el avance del mercado. La
privatización incluye una serie de medidas: desde la
desagrupación (o desglose) de las operaciones de la
empresa pública y la tercerización de estas
operaciones desglosadas, a la venta final de la
empresa pública, sea en forma total o parcial. El
paquete incluye contratos de "asistencia técnica"
prestada por privados y adquisición de bienes y
servicios secundarios. Aunque el Banco insiste en
que la compra y la contratación son
responsabilidades de la agencia de implementación
(5) (habitualmente un departamento gubernamental),
los activos privatizados y los contratos de
construcción, consultoría y adquisición, son, en
general, entregados a empresas, contratistas y
firmas de consultoría de gran tamaño que conocen
bien las normas del Banco en materia de licitaciones
y contratación pública o compras del Estado.
La simbiosis entre el Banco
y las empresas puede verse claramente en las
industrias de la biotecnología y de los
agroquímicos. Las políticas agrícolas del Banco
prácticamente han sido redactadas por empresas como
Monsanto, Aventis, Novartis y Dow. Incluso aunque el
Banco haya ampliado su discurso sobre la
sustentabilidad ambiental en la década de 1990, en
los hechos sus proyectos siguen promoviendo un mayor
acceso de los productores agrícolas a los
agroquímicos y a las semillas transgénicas. En ese
período, el Banco también emprendió asociaciones
empresariales con casi todas las empresas
principales de plaguicidas y de biotecnología, a
través de un programa de intercambio de personal en
el que participaron 189 empresas, gobiernos,
universidades y agencias internacionales. Un
analista de mercadeo de Aventis (ahora Bayer
CropScience) pasó casi cuatro años en el BIRF
elaborando la posición de ese organismo sobre
biotecnología agrícola y estrategias de promoción
financiera a través de la CFI. El máximo responsable
de relaciones públicas de Novartis (ahora Syngenta)
pasó un año trabajando en estrategias de extensión
para la unidad de desarrollo rural del Banco. Los
funcionarios del Banco colocados en Novartis y Rhone
Poulenc Agro (ahora parte de Bayer) a fines de la
década de 1990, le brindaron a esas empresas
asistencia en asuntos regulatorios en materia de
biotecnología y sobre asociaciones para el
desarrollo rural. El Banco adaptó entonces sus
estrategias agrícolas para adecuarse a las
necesidades de las compañías líderes en
biotecnología y agroquímicos, las cuales, por su
parte, ganaron acceso a la elaboración de políticas
públicas en los países en desarrollo a través del
auspicio del Banco.(6)
El pensamiento
pro-empresarial está profundamente arraigado en el
Banco. Muchos de los presidentes del Banco y gran
parte de su personal de dirección provienen del
sector empresarial, y las "soluciones de mercado"
constituyen un elemento predominante de las
estrategias del Banco para abordar virtualmente
cualquier problema, desde la deforestación, al
calentamiento global o la escasez de agua o
alimentos. La visión del desarrollo que predomina en
el Banco es una visión capitalista en la cual el
papel del gobierno es crear un ambiente propicio
para que florezca el sector (empresarial) privado y
para que el mercado solucione los temas cruciales
del acceso y la distribución. En los proyectos de
las grandes usinas hidroeléctricas, por ejemplo, el
Banco brinda habitualmente asistencia a los
gobiernos receptores y a los contratistas privados
en la preparación y movilización de las finanzas del
proyecto: contrata firmas de consultoría privadas
para que trabajen en conjunto con los departamentos
gubernamentales en el diseño y mecanismos de
implementación del proyecto, moviliza la
financiación del proyecto (a través de la CFI) y
asegura los préstamos (a través del OMGI u otras
instituciones asociadas aseguradoras de riesgo). Los
costos de la mitigación de los impactos ambientales
y sociales quedan a cargo del gobierno y la
sociedad, y los términos del financiamiento y las
garantías del proyecto generalmente favorecen a las
compañías privadas, más que al interés general más
amplio.
El Banco está orgulloso de
su apoyo a las grandes empresas y a los
inversionistas privados, como puede apreciarse en el
sitio web del OMGI:
"Nuestra presencia en un
proyecto de inversión literalmente puede transformar
un ‘no hay caso' en ‘manos a la obra'. Actuamos como
un elemento de disuasión potente contra las acciones
de los gobiernos que pudieran afectar negativamente
las inversiones. E incluso si surgen controversias,
nuestra influencia en los gobiernos receptores
frecuentemente nos permite solucionar las
diferencias dejando conformes a todas las
partes".(7)
Desde hace varias décadas,
el Banco usa el desarrollo y la reducción de la
pobreza como cortinas de humo para fomentar los
intereses de las grandes empresas. Ha utilizado su
posición como acreedor preferencial y coordinador de
la asistencia en los países en desarrollo para crear
oportunidades de negocios para que las empresas, los
contratistas y los consultores privados puedan
lucrar con las crisis y las necesidades
estructurales de los países en desarrollo.
Evidentemente, para desmantelar el poder de las
empresas sobre los bienes públicos, los servicios y
los bienes comunes será necesario desmantelar
también al Banco Mundial.
Notas
