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Economía de la usura
Por
Albert Recio (Tomado de Rebelión)
[05.02.2010]- Actualización
1:30 pm de Cuba
Habitualmente entendemos la usura como la fijación
de un tipo de interés excesivo cuando se presta
dinero. Una especie de precio monopolístico. Pero si
nos limitamos a esta percepción, perdemos de vista
algunos de los rasgos más importantes de la
cuestión. Muchos de los préstamos usurarios son en
verdad impagables. Por ejemplo, esto es lo que ha
ocurrido en muchas sociedades agrarias donde
agricultores pobres toman préstamos de usureros
locales.
Basta
cualquier incidente imprevisto para que el préstamo
no pueda retornarse. Ahí es donde se pone en marcha
el verdadero mecanismo de la usura, el que convierte
un crédito temporal en una obligación vitalicia del
prestatario respecto al prestamista. En la
antigüedad clásica este camino podía llegar a la
esclavitud. En la sociedad feudal y en otras muchas
sociedades precapitalistas este ha sido uno de los
mecanismos básicos en el sometimiento de los pobres
a los intereses privados de una minoría. Alguien
sujeto a un préstamo irretornable deberá pasar toda
su vida transfiriendo una parte de su renta al
prestamista y/o obligándose a otro tipo de
prestación (trabajo gratuito, sometimiento político,
dependencia personal...). Tan importante es el nivel
del tipo de interés como la incapacidad de liberar
el crédito en un plazo razonable. La usura se
sostiene asimismo en un régimen institucional en el
que el prestamista tiene más poder para imponer sus
intereses e impedir que la deuda se salde por la vía
del impago.
El
neoliberalismo ha generado un nuevo modelo de usura
a una escala inimaginable. Hace muchos años que lo
saben los habitantes de muchos países en desarrollo
que han experimentado en sus carnes la crisis de la
deuda. Una crisis que casi siempre ha tenido su
origen en la llegada masiva de flujos financieros al
país, flujos con los que se ha financiado gastos
públicos inadecuados (especialmente armamento) e
inversiones privadas insensatas o meramente
especulativas.
Después ha tenido lugar algún suceso catastrófico
(derrumbe del precio de los productos de
exportación, crisis política, etc.) que han generado
una crisis de pagos. Y al final, ésta se ha saldado
con la imposición de un plan de ajuste, casi siempre
con un paquete de ingredientes parecidos: conversión
de la deuda privada en obligación pública, recortes
drásticos del gasto público y de los salarios,
medidas de liberalización exterior, etc… Es una
historia harto conocida. Durante bastante tiempo se
atribuían todos los males a la corrupción y mala
gestión de las élites de estos países, una coartada
moral que permitía a las elites bienpensantes de los
países ricos desentenderse del sufrimiento y la
injusticia ajena.
Culpar
de sus males a los países pobres impedía reconocer
los mecanismos que, también en los países ricos,
estaban conduciendo a la generación de una situación
de usura global. A mi entender, en este proceso se
han combinado diferentes factores que han generado
una estructura económica peculiar.
En
primer lugar, cambios importantes en la distribución
de la renta nacidos esencialmente de las mutaciones
de la organización empresarial y de transformaciones
en el mercado laboral. La fragmentación de las
grandes estructuras empresariales del pasado
mediante los mecanismos estudiados de
deslocalizaciones, externalizaciones,
subcontratación, etc., así como el debilitamiento de
las organizaciones sindicales (no sólo en términos
de afiliación, también en su capacidad de promover
alternativas) ha jugado en ello un papel esencial.
También los cambios en la organización de muchos
mercados laborales específicos en los que la pérdida
de mecanismos de seguridad ha estado asociada al
reforzamiento de incentivos para unos pocos.
Las
desigualdades han crecido sustancialmente entre
capital y trabajo y entre una elite de empleados de
“éxito” y el conjunto de la masa laboral. En segundo
lugar, la crisis fiscal del estado, especialmente
ligada a la generalización de políticas orientadas a
contener o reducir el peso de los impuestos y el
sector público. Una situación que se ha producido en
casi todos los países desarrollados con
independencia de sus niveles de impuestos (la misma
tendencia anti-impuestos ha tenido lugar en países
como Suecia, España o Estados Unidos, con pesos muy
inferiores de la fiscalidad). Esta presión
constituye un freno a la expansión del sector
público, pero puede convertirse fácilmente en
endeudamiento cuando las mismas demandas sociales
exigen mayor gasto público, o cuando los gobiernos
se embarcan en aventuras de elevado coste (como es
el caso del sostenimiento de una guerra imperial en
Oriente).
En
tercer lugar, los desequilibrios entre naciones como
resultado de la globalización del comercio
internacional han generado nuevas tendencias al
endeudamiento perpetuo de aquellas economías
caracterizadas por déficit persistentes en la
balanza de pagos. Y, dominando todo ello, la
desregulación e hiperdesarrollo de un sistema
financiero que ha sido el gran promotor y el gran
beneficiado de esta economía del endeudamiento
global. En parte ha permitido el funcionamiento de
una economía donde proliferaban las personas,
empresas y estados endeudados. En parte han actuados
como promotores del endeudamiento con ofertas de
todo tipo de créditos (hipotecas, tarjetas de
crédito, préstamos colectivos…). En la burbuja
inmobiliaria, ésta es una de las cuestiones que más
ha favorecido este nivel de endeudamiento, su papel
de pirómanos parece fuera de dudas: no sólo han sido
generosos en la concesión de hipotecas a los
compradores privados de vivienda sino que la
suculenta financiación a los promotores está en la
base del desaforado precio del suelo que alimentaba
todo el proceso.
Sin
duda, la bóveda de esta estructura se encuentra en
el entramado de organismos internacionales y normas
reguladoras que han acompañado todo el proceso. Un
elemento crucial, puesto en evidencia en las
primeras crisis de la deuda de los 80 era la
introducción de un régimen que impedía saldar las
deudas con pérdidas para los prestamistas. La
conversión masiva de deuda privada en deuda pública
que tuvo lugar en Latinoamérica, diseñada para
evitar la quiebra de la banca prestamista, dejaba
claro que, al igual que en la usura medieval, el
poder estaba en manos del prestamista. Y, en
consecuencia, que la crisis de la deuda tiende a
perpetuar la dependencia.
Lo
novedoso de la crisis actual es que su estallido ya
no se ha producido en un país remoto,
presumiblemente controlado por un Gobierno y unas
elites corruptas, sino que ha tenido lugar en el
centro mismo de las economías capitalistas. Y, aún
con plazos y fórmulas específicas, la pauta de
respuesta parece seguir la lógica de una economía
usuraria. En la primera fase se ha tratado de evitar
que la crisis de la deuda (esto y no otra cosa es la
crisis de las “subprime” y de las empresas
inmobiliarias incapaces de “colocar” en el mercado
promociones a precios desorbitados) se ha tratado de
salvar a los prestamistas mediante ayudas públicas
directas y la asunción por el Estado de los
“paquetes” de créditos fallidos. Y también con una
política de gasto público orientada a mantener algo
de la demanda evaporada con la crisis financiera.
Con
ello se ha salvado del desastre al sector financiero
y se ha reducido parte del desempleo potencial que
se podía crear. A cambio se ha producido un elevado
déficit fiscal en muchos países. Un déficit que
genera una nueva fase de endeudamiento en la que los
grupos financieros que lo han provocado (y los
grupos sociales enriquecidos que representan)
vuelven a estar en la posición fuerte de los
prestamistas con los que la colectividad está
entrampada.
Estamos entrando en la segunda fase de la crisis. Si
en la primera el principal coste social ha sido el
desempleo masivo, en la actual a este factor se le
sumarán los intentos de recortes del gasto público
justificados por el elevado endeudamiento de muchos
estados. No deja de ser sorprendente que las mismas
entidades de evaluación de riesgos (Standard & Poors,
Fitch, Moodys) que tan laxas fueron en la evaluación
de los riesgos del sector financiero, se están
erigiendo en los más acerados críticos de la deuda
pública. Y están consiguiendo que los Gobiernos
reaccionen con propuestas de políticas de austeridad
que pueden significar tanto nuevos aumentos del
desempleo como graves deterioros de servicios
sociales básicos.
Un
proceso que ya está afectando a los planes más
drásticos de ajuste como el de Letonia o el que se
está elaborando en Grecia, pero que pronto llegará a
otras poblaciones atrapadas en el drama de la crisis
fiscal y la economía de la usura. España tiene
bastantes puntos acumulados para figurar en la
próxima tanda de países sujetos a planes de ajuste.
Si alguien dudaba de la persistencia del modelo de
usura global, solo hay que prestar atención al caso
islandés, donde la población va a ser sometida a
indemnizaciones a los especuladores anglo-holandeses
que creyeron las promesas de alta rentabilidad
ofrecidas por Landsbanki. La quiebra de este banco
se ha convertido en una deuda obligatoria para toda
la ciudadanía de su país de origen. Y esto que se
decía que en la época de la globalización el capital
no tenía patria.
Están
en el aire las posibles reformas del sistema
financiero que cada dos por tres prometen algunos
líderes mundiales. Curiosamente Rodríguez Zapatero,
el paladín de la socialdemocracia europea, es de los
menos activos en este terreno. Quizás porque sabe
del enorme poder que tiene la banca española y la
capacidad de mecanismos en los que influye. Aunque
la crisis ha dejado “tocada” la imagen del sistema
financiero mundial, gran parte de su poder político,
económico y cultural sigue intacto y puede esperarse
que desarrollen una resistencia feroz a los intentos
serios de minar su poder. El endeudamiento público y
el desempleo van a ser argumentos que van a utilizar
como defensa frente a un sector público presentado
como derrochador, incapaz o ineficiente.
El
deterioro de lo público ha sido una de las grandes
victorias del neoliberalismo. Que ha contado entre
sus aliados a gran parte de las élites políticas e
intelectuales. Casi nadie ha sido capaz, o siquiera
lo ha intentado, de hacer una defensa razonada y una
batalla cultural en defensa de lo público. Ni
siquiera en la actual crisis mundial, donde se ha
puesto de manifiesto el fallo sistémico del mercado,
y especialmente del mercado financiero. Y donde lo
único que ha evitado el desastre ha sido, con todas
sus imprecisiones e incongruencias, la intervención
pública.
Nadie
ha discutido la economía de la usura en la que
estamos inmersos. Puesto que para ello hace falta
replantear muchos aspectos del modelo dominante. Y
nadie, incluso en el mundo del espacio alternativo
que trata de defender, organizar y mejorar la
condición de la mayoría de la población, ha sido
capaz de articular una respuesta en defensa de lo
público audaz y efectiva. Pronto conoceremos los
efectos de la economía de la usura cuando empiecen
los recortes en serio de gastos públicos básicos. De
momento ya ha empezado el goteo. Basta preguntar a
cualquier gestor de entidades sociales para tener
noticia de recortes de subvenciones, pagos que no
llegan, servicios que se deterioran. Pero ni en los
sindicatos, ni en las ONGs., ni en los partidos de
izquierda nadie parece dispuesto a lanzar un
movimiento social que pare la gangrena. Que como
menos sirva para enfrentar la predominante economía
de la usura con la necesidad de una economía al
servicio de la colectividad, donde lo público debe
jugar necesariamente un papel destacado. |
