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La
inflación marca el ritmo de la economía en Argentina
Por Julio C. Gambina (especial para ARGENPRESS.info)
[29.01.2011]- Actualización 8:10 pm de Cuba
Ya
comenzado el 2011, en asuntos económicos sobresale
el debate por la inflación, y como se defiende cada
quién para abordar la carestía creciente de los
bienes y servicios que satisfacen las necesidades
cotidianas. No se trata de un tema nuevo. La
Argentina tuvo ciclos inflacionarios que anidan en
la preocupación y memoria histórica de la población,
tanto como los regresivos impactos de las políticas
antiinflacionarias. Fue antiinflacionaria la
política de Martínez de Hoz, como lo fue la
convertibilidad de Cavallo y Menem, que cumplirá
pronto dos décadas de iniciada (abril del 91). Ambas
políticas contra la inflación fueron reaccionarias y
regresivas, porque se pagaron con miseria,
desempleo, pérdida de ingresos populares y más
explotación de la fuerza laboral.
De
este modo podemos afirmar que la inflación y la
política de combate a la inflación son sufridas por
los de abajo. La inflación y la política para
combatirla son instrumentos que favorecen a la
ganancia, al capital y perjudican a los trabajadores
y sectores de ingresos fijos. ¿Es posible resolver
el flagelo inflacionario de otro modo?
¿Qué
orden económico se requiere para una perspectiva
popular de satisfacción de necesidades?
Aumentos de precios y afectación del consumo popular
El
fenómeno inflacionario se presenta como aumento
generalizado de los precios, claro que unos más que
otros. Es sabido por cualquiera que los alimentos se
destacan en estas horas por un alza por encima del
resto de los bienes y servicios. Inflación de
precios de los alimentos, algo que incide incluso en
la especulación sobre materias primas. Alza de
precios y especulación con los alimentos. Además del
hambre que provoca el orden económico capitalista,
el capitalismoespecula y gana con los precios de los
alimentos.
Por si
fuera poco, los alimentos inciden mayoritariamente
en la composición del indicador oficial de
inflación, el índice de precios al consumidor. Para
el Instituto de estadísticas y censo de la
Argentina, el Indec, más allá de la credibilidad de
sus datos, el rubro de alimentos y bebidas expresa
más del 37% del indicador; le sigue en importancia
transporte y comunicaciones con más del 16% y
vivienda con más del 12%. Entre los tres (alimentos
y bebidas; transporte y comunicación; y vivienda)
superan el 65% de la composición del índice de
precios al consumidor. Son rubros que impactan
seriamente en los sectores de menores ingresos,
impedidos de prescindir de un consumo cotidiano para
su alimentación, transportación y techo. Hay
conciencia del mayor encarecimiento de los productos
de la canasta alimentaria, del alza de los precios
de alquiler de vivienda, sin hablar de la elevación
del costo de la construcción y por cierto del avance
sobre fines del año pasado del precio de los
combustibles.
La
inflación afecta principalmente a los sectores más
empobrecidos, especialmente a quienes viven de un
ingreso fijo y observan cotidianamente la pérdida de
la capacidad de compra de sus limitadas entradas,
sean trabajadores jubilados o en actividad, en
situación regular o irregular, desempleados o
subempleados, beneficiarios o no de planes sociales.
Los mecanismos de defensa contra la suba de precios
son variados, muchos relativos al ajuste del gasto
de las familias, con deterioro del consumo familiar,
tanto por calidad de productos adquiridos,
sustituyendo productos de marca por otros de menor
categoría, o afectando cantidades a consumir,
cuestión manifiesta, por ejemplo en el 2010, en el
menor consumo de carnes, principal componente de la
dieta alimentaria en la Argentina.
Adicionemos, que durante el 2010 se resignó a mano
de uruguayos el podio mundial en el consumo per
cápita, ellos con unos 58Kg. anuales y en nosotros
en torno a los 55Kg.
La
inflación golpea a los de abajo. En el escenario
político sobresale el debate sobre las negociaciones
salariales, mecanismo de defensa de las condiciones
laborales y salariales de los trabajadores. Existen
voces sindicales reclaman ajustes salariales del
orden del 30%, demanda concreta de la CTA,
contemplando para ello la inflación del año pasado
(del 25%) más el impacto del crecimiento económico
previsto para el 2011. Claro que ambos indicadores
(inflación y crecimiento) no remiten a los datos
oficiales, pues de lo contrario se estaría
demandando un ajuste entre 12 y 15%. El resultado de
las paritarias afecta directamente a un 20% de la
población trabajadora que reviste en situación
regular (relación formal de dependencia), aunque
incide en el ingreso del conjunto de los
trabajadores y habilita nuevos pisos en la discusión
del salario mínimo, que no debiera esperar mucho
tiempo para una urgente convocatoria al Consejo del
Salario Mínimo, el Empleo y la Productividad.
La
estrategia de los empresarios se acerca a proponer
valores de ajuste salarial en consonancia con los
datos oficiales. Desde el gobierno se empuja una
política de pacto social para conciliar intereses de
las patronales y los trabajadores. Un pacto que
apunta a limar las contradicciones en el régimen del
capital. Se pretende un acuerdo para la continuidad
del régimen de explotación, con un imaginario de
paridad de intereses entre las ganancias y los
salarios.
Aquellas son producto de una apropiación de la renta
nacional generada por el trabajo social y su cuantía
disminuye el monto de ingreso de la población
trabajadora, sea como salario directo o como gasto
de la sociedad vía presupuesto estatal.
La
carestía la definen las grandes empresas
El
problema no es tanto el fenómeno, sino las causas de
la inflación. En ese sentido, la suba de precios es
un mecanismo utilizado por los capitales más
concentrados para defender sus ganancias. Sea por la
crisis mundial, o por la desaceleración del 2008 y
2009, los precios vienen subiendo crecientemente
desde antes, ya desde el 2006, precisamente cuando
se empezó a generalizar el debate por negociaciones
colectivas y la ocupación ociosa de la capacidad de
producción era historia del pasado recesivo entre
1998 y 2002. El gran crecimiento económico entre
2003 y 2006 resolvió cuantiosas ganancias
empresarias que eran desafiadas por la recuperación
del derecho de negociación de los trabajadores. Era
el momento de mantener la tasa de ganancia vía
incremento de los precios. Esa defensa de las
ganancias es un asunto derivado de la concentración
económica existente en la Argentina y de su poder
para imponer condiciones de funcionamiento del orden
económico y social.
No
cualquiera puede establecer precios en el mercado.
Para ello se requieren ciertas condiciones, un tema
válido no solo en el país, sino en el capitalismo.
Los precios de las materias primas crecen no por
mayores costos de producción, sino por la forma
monopólica de funcionamiento del capitalismo
mundial. La especulación sobre futuros, de la soja o
del oro incide en el movimiento al alza o la baja
del precio. Problemas de sequía u otros problemas
naturales pueden encarecer producciones afectadas
transitoriamente, pero el factor especulativo, solo
posible por grandes y concentrados operadores
económicos son los que definen la escalada de
precios. En todo caso, la combinación de los
problemas para la producción (agotamiento
estructural de las reservas de petróleo, por
ejemplo) y el funcionamiento especulativo de
capitales transnacionales definen la escalada de
precios a escala global.
La
inflación se presenta como problema nacional y es
consecuencia de problemas locales y globales, que se
manifiesta de manera diferenciada en distintas
regiones y por eso, la inflación no resulta pareja
para todos los países y se pone en evidencia en
ciclos históricos concretos de algunos países y no
necesariamente por las mismas razones.
Venezuela y Argentina son los países donde más
golpea el flagelo inflacionario y sin embargo, ambas
economías no son asimilables y el diagnóstico de la
suba de precios en uno y otro país aluden a
problemas específicos de cada país, aunque en ambos,
el fenómeno de la concentración económica es
importante.
Según
el Indec, con datos al 2009, agravados en el 2010,
la concentración y extranjerización económica crece
en la Argentina. De allí surge que de las 500
empresas más grandes del país 324 son extranjeras y
sólo 176 argentinas, según datos que arroja la
Encuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE). Son
datos que excluyen al agro y las finanzas. Es sobre
esas 500 que debe ejercerse el control estricto de
precios y no demandar moderación a los trabajadores
en sus reclamos por ajustes o aumentos de salarios.
Esas 500 empresas expresan un tercio del producto
anual, con lo cual allí se encuentro la dominación
del sistema económico, donde muy pocas empresas
definen la situación de las principales ramas de la
producción. Cuando hablamos de control no remitimos
solo al que pueda ejercer el Estado, sino a formas
de involucramiento de los trabajadores de esas
empresas, vía organizaciones sindicales a
desarrollar en todos los ámbitos empresariales (solo
el 13% de las empresas en la Argentina reconocen
delegaciones sindicales en su seno).
Es un
asunto de democratización económica. El control de
precios no es un atributo solo del Estado, es del
conjunto de la población, de los consumidores, y
especialmente de los trabajadores que generan la
riqueza social. Si las empresas fijan los precios de
bienes y servicios que genera el trabajo social, la
respuesta es la democratización del régimen
económico, involucrando a los trabajadores en el
control de los precios.
Esas
324 extranjeras aportan el 81,4 por ciento del valor
agregado que generan las 500; el 79,3 por ciento del
valor de producción (la suma de la facturación y la
variación de stocks) de ese conjunto; el 75,3 por
ciento de toda la utilidad, y el 68,3 por ciento de
la masa salarial. Lo principal de la cúpula
empresarial (500 grandes empresas) es originario de
otros países, lo que define el destino del
excedente.
De las
40 compañías del rubro minas y canteras que figuran
entre las 500 más grandes del país, 36 son de afuera
y sólo 4 argentinas; de las 76 dedicadas a
combustibles, química y plástico, 61 son
extranjeras; y de las 43 en maquinarias, equipos y
vehículos, 35 son foráneas.
Alimentos, bebidas y tabaco, donde sobre un total de
107 firmas, hay 49 nacionales y 58 extranjeras. El
eje pasa por controlar a las grandes y de ellas a
las extranjeras, ya que en buena medida resuelven
sus problemas de rentabilidad en países de origen,
con excedentes generados en nuestros países.
De las
500, más de la mitad son industria manufacturera
(56,6%) y un poco más de un quinto son de alimentos,
bebidas y tabaco (21, 4%), y ya comentamos la
importancia que el rubro tiene en el tema
inflacionario. Las 50 más grandes expresan el 54,8%
del valor agregado de las 500. Del mismo modo, 50
grandes concentran el 53% de las ganancias de las
500. He aquí donde se define el modelo productivo,
el patrón de consumo y la fijación de los precios en
el sistema económico local. El foco inicial del
control de precios debe fijarse en estas 50 empresas
y desde allí generalizar los controles de mayor a
menor concentración. Insistamos que no se trata de
controles burocráticos, sino populares, de usuarios,
consumidores y trabajadores. Es un problema de
democratización de la economía.
Todo
el debate que aparece en los medios académicos y de
comunicación parte de aceptar el razonamiento
favorable a la ganancia del empresario,
especialmente los de la cúpula. Es algo lógico como
enfoque dentro del capitalismo, donde la ganancia
está naturalizada.
Así
como se reconoce un ingreso por el trabajo
(salario), aparece como lógico, natural, un ingreso
por la propiedad de la tierra (renta) y por la
propiedad del capital invertido (ganancia). Es obvio
y correcto en esa lógica, no la única, ya que la
crisis capitalista nos convoca a pensar más allá y
contra el capitalismo como orden económico de la
sociedad. Tan naturalizado está, que el límite de la
distribución de la renta nacional (distribución
funcional del ingreso) se establece en el máximo
histórico logrado en el país, repartiendo la misma
por mitades, el 50% para los empresarios (ganancias)
y la otra mitad para los trabajadores (salarios).
¿Porqué no pensar en un desequilibrio favorable a
los trabajadores? Un 60 ó 70% para el ingreso de los
trabajadores y el resto para los inversores de
capital, por ejemplo; o incluso pensar en la
organización de la economía sin el inversor privado,
situación que pusieron en evidencia las "fábricas
sin patrones" de la experiencia de recuperación de
empresas por parte de sus trabajadores, hecho que
logró visibilidad importante en plena crisis del
2001 y subsiste en el presente. El debate salarial
se queda, muchas veces, en la recuperación del poder
de compra perdido por el avance de la inflación.
Así, toda la ganancia por productividad es apropiada
por el capital, quien a su vez traslada el aumento
de salarios a los precios de los bienes y servicios
finales.
Desde
los trabajadores no hay techo en la disputa de la
renta nacional contra el capital. El único límite
viene dado por la correlación política de fuerzas,
nunca por cuestiones estrictamente económicas.
Precio, valor e inflación
Los
precios (en tanto equivalen al valor), desde el
punto de vista de Marx son igual a la inversión en
capital constante (edificios, infraestructura,
materias primas, materiales, etc.) más capital
variable (salarios) más plusvalía (equivalente al
conjunto de la ganancia).
Así:
valor = C+V+Pl (del conjunto de la economía, pues la
Pl -plusvalía- se distribuye entre todos los
capitalistas, micro, pequeños, medianos y grandes,
siendo estos últimos los que más concentran). Los
precios de los bienes y servicios reponen el capital
invertido (constante más variable) y adicionan una
ganancia (el conjunto de la plusvalía equivale a la
ganancia total). Esa ganancia tiene que alcanzar
para ampliar la acumulación del capital y satisfacer
inagotables necesidades de consumo (incluso
suntuario) del capitalista.
Al
aumentar los precios (manifestación del valor en el
mercado), los capitalistas pueden:
a)
aumentar el C (capital constante), es decir,
incrementar la inversión acumulando parte de las
ganancias. No es lo que ocurre en Argentina, pues se
verifica la fuga importante de capitales (unos
150.000 millones de dólares en divisas, bonos y
títulos según registros del BCRA); y la recurrente
peregrinación del gobierno argentino buscando
inversores del exterior en sucesivas giras por el
mundo;
b)
pueden aumentar el V (capital variable invertido en
salarios), y claro que eso no ocurre, al contrario,
buscan abaratar el costo laboral vía disminución de
salarios. Por ello "tercerizan" y mantienen buena
parte del trabajo en situación irregular, todo para
bajar el costo salarial;
c)
pueden aumentar la Pl e invertir en divisas, activos
externos (dólar, euro, bonos, acciones, propiedades
en el exterior, etc), siendo esto lo que ocurre
mayoritariamente, pues las transnacionales compensan
sus pérdidas por la crisis mundial de sus países de
origen remitiendo utilidades a sus casas matrices, y
los inversores locales invierten mayoritariamente en
activos externos, dificultando el proceso local de
ahorro e inversión. Esas mayores ganancias explican
el crecimiento de gastos suntuarios, la expansión de
la construcción, del turismo o de la compra de
automotores de alta gama.
Por
todo ello es que resulta adecuado demandar 30% ó más
(35 ó 40%) de ajuste salarial para el 2011, siendo
ello una definición política en relación a la
capacidad de lucha y la correlación de fuerzas, y el
argumento es que el crecimiento de la economía es
apropiado actualmente por los capitales más
concentrados, siendo la inflación un mecanismo de
defensa de la ganancia de esos capitales más
concentrados.
La
solución al problema de la inflación pasa por
medidas de fondo, tal como lo referido al control de
precios, lo que debe acompañarse por profundos
cambios en la política económica, como la reforma
tributaria y una política de nacionalizaciones, por
lo menos de la banca y del comercio exterior, más el
uso de las reservas internacionales, o parte de
ellas para otro modelo productivo (contra la
sojización y la mega minería) sustentado en empresas
recuperadas, emprendimientos de autogestión por los
trabajadores y formas económicas con participación
popular en la toma de decisiones sobre la
producción, para así modificar el patrón de consumo.
En
conjunto supone pelear por la soberanía alimentaria,
energética y financiera (cambio de la carta orgánica
del banco central, p.e., y aliento al banco del Sur,
también, que no parece ser la orientación oficial y
por la que hay que luchar). Se trata de un conjunto
de reformas estructurales del orden económico
vigente, para modificar el modelo productivo y de
desarrollo con énfasis en la satisfacción de las
necesidades sociales mayoritarias. Ello supone el
control estatal de los recursos naturales, de la
tierra y el agua. Es otro modelo productivo, de
desarrollo para pensar en otro orden económico de la
sociedad.
No se
trata de pensar en la inflación al margen del orden
económico social y por ende, aquella no puede
resolverse sin afectar la ganancia, o los intereses
del capital más concentrado, principalmente
extranjero. ¿Es una tarea estatal? En principio sí,
pero esencialmente, se trata de control popular
sobre la producción, o dicho de otro modo, sobre el
conjunto empresarial que define la producción, sobre
la cúpula, las 500, o un conjunto menor y decisivo
de ellas. Es una cuestión estatal y de la sociedad,
principalmente de los de abajo.
¡La
inflación es una cuestión de poder popular!
Julio
C. Gambina es Profesor Titular de Economía Política
en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Rosario, UNR.
Presidente de la Fundación de Investigaciones
Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Comité
Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales, CLACSO. |
