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DESASTRE EN LA AMAZONIA ECUATORIANA
La Chevron no tiene un TLC
Por Hedelberto López Blanch-Rebelión
[16.03.2011]-Actualizado 8:40 pm Cuba
El
fallo judicial sancionado en Ecuador contra la
compañía petrolera estadounidense Chevron confirma
fehacientemente que las naciones de América Latina
deben abstenerse de firmar Tratados de Libre
Comercio (TLC) como los ha deseado imponer Estados
Unidos en la región.
Tras
18 años de reclamaciones y querellas, el juez
Nicolás Zambrano dictaminó que Chevron-Texaco es
responsable y culpable del daño ambiental existente
en la Amazonia ecuatoriana y ordenó que la compañía
pague la suma de 9 510 millones de dólares para
indemnización y gastos de limpieza.
La
historia de esta tragedia ambiental en la Amazonia
comenzó cuando la entonces compañía estadounidense
Texaco, (adquirida por Chevron en el año 2001)
empezó a buscar petróleo en 1964 en la provincia
ecuatoriana de Sucumbíos junto con la compañía Gulf.
Tres años después encontró el primer yacimiento
conocido como Lago Agrio 1.
A las
extracciones se sumó, años más tarde, el Estado
ecuatoriano como parte del consorcio y en 1990,
Texaco dejó de operar la explotación aunque siguió
siendo parte de la asociación.
En
1993, 88 ecuatorianos (en representación de más de
30 000 habitantes afectados) presentaron la primera
demanda por daño ambiental en contra de Texaco en
una Corte Federal de Texas, y un año más tarde el
mismo grupo llevó la queja ante tribunales de Nueva
York. Ambas cortes las desecharon. En el 2003 la
querella ambiental en contra de Chevron-Texaco fue
llevada finalmente a la Corte Superior de Sucumbíos,
ciudad de Nueva Loja, en la Amazonia, que se tomó
ocho años para dictar sentencia.
Para
muchos especialistas esta ha sido una de las peores
catástrofes ambientales causada por la actividad
petrolera en la historia de la humanidad, y hasta
superior a la de British Petroleum (BP), en 2010, en
el Golfo de México y a la del buque Exxon Valdez
ocurrida en las costas de Alaska en 1989.
El
desastre se ha descrito como infernal. La activista
norteamericana Kerry Kennedy tras recorrer durante
tres días las zonas afectadas redactó un informe en
diciembre de 2009 que fue publicado por la agencia
de noticias Inter Press Service (IPS) y que
expresa:
"Bajo
el manto de nubes, la selva es una maraña de manchas
negras de petróleo, fango purulento y tuberías
oxidadas. El humo brota del suelo, arrojando vapores
al aire que queman la garganta. Las aguas residuales
de estanques sin encofrar se traspasan a las aguas
subterráneas y transitan a los ríos y los arroyos".
Entre
1964 y 1990, Texaco perforó alrededor de 350 pozos
petroleros en una superficie de 2 700 millas
cuadradas de selva y en ese período obtuvo más de 30
000 millones de dólares en ganancias, mientras
derramó deliberadamente 18 000 millones de galones
de sopa tóxica, conocida como agua de producción
(una mezcla de petróleo, ácidos y otros
cancerígenos) que cayó a las corrientes donde seres
humanos recogen agua para beber, pescan, nadan y se
bañan.
Kerry
puntualizó que la Texaco construyó más de 900 fosos
de fango de petróleo, muchos del tamaño de piscinas
olímpicas, sin revestir la tierra, es decir, no se
colocó ningún concreto para proteger el suelo y el
veneno se escurrió al agua subterránea.
"Yo
había escuchado durante años sobre el Chernobyl de
Chevron en la Amazonia, pero nada me había preparado
para el horror del que fui testigo", sentenció
Kennedy.
La
cantidad fijada por el juez Nicolás Zambrano de la
Corte de Justicia de Nueva Loja, fue de 8 646
millones de dólares que aumentarán otros 864
millones al sumarle 10 % del total a favor de los
demandantes, como dispone la ley y consta en la
sentencia. En un plazo de 60 días las partes deberán
constituir un fideicomiso mercantil, a cargo de
algunas de las administradoras de fondos del país,
entidades que forman parte de la banca privada
ecuatoriana. El beneficiario del fideicomiso será el
Frente de Defensa de la Amazonia, que reúne a los
demandantes y según el fallo, todo el patrimonio
tendrá como destino cubrir los costos necesarios
para la contratación de las personas encargadas para
ejecutar las medidas de reparación previstas. El
desglose de la suma a pagar por Chevron será de 5
396 millones de dólares para limpieza de suelos, 1
400 millones a favor de construir sistemas de salud,
800 millones en planes de salud y atención a los
pacientes con cáncer derivado de la contaminación,
600 millones para limpieza de aguas subterráneas,
200 millones destinados a la recuperación de
especies nativas, 150 millones en proyectos de
dotación de agua y 100 millones para reparar el daño
cultural. La cifra impuesta por la Corte de la
provincia de Sucumbíos es más pequeña que la
sugerida por el mismo perito del tribunal que la
había fijado en 27 000 millones de dólares, y mucho
menor a los números que manejaban los expertos de
los demandantes, entre 40 000 y 113 000 millones.
De
todas formas, la respuesta de Chevron no se hizo
esperar y en una suerte de furia incontenida, el
vocero de la empresa, James Craig la catalogó de
“ilegítima e inejecutable, producto de fraude y
contraria a la evidencia científica”.
En un
comunicado, la compañía divulgó que tanto las cortes
en Estados Unidos como tribunales internacionales ya
han tomado medidas para prevenir la aplicación de la
sentencia emitida por la corte ecuatoriana.
Una
semana antes, un juez federal en Nueva York decidió
conceder a Chevron una protección temporal contra
cualquier fallo que le ordene el pago de una
indemnización multimillonaria por supuestos daños
ambientales en Ecuador.
Tres
días después, un panel de la Corte Permanente de
Arbitraje de La Haya prohibió temporalmente la
aplicación de cualquier sentencia que se emita en
contra la compañía petrolera.
Estas
acciones demuestran porqué Estados Unidos trata de
imponer en toda América Latina los Tratados de Libre
Comercio.
Una de
las exigencias de Washington es que los países
firmantes de los TLC, (como ocurrió con México y
Perú) ratifiquen sin enmiendas el capítulo 10, el
cual posibilita a las compañías estadounidenses
proceder legalmente contra los gobiernos firmantes y
reclamar compensaciones extraordinarias, en caso de
que se promulguen leyes que atenten contra sus
intereses económicos.
De esa
forma, ni obreros ni autoridades nacionales tienen
potestad para demandar a las compañías
transnacionales ante cualquier exceso o
arbitrariedades cometidas.
Entre
las cláusulas de los TLC se reafirma la
imposibilidad de acudir a tribunales nacionales
cuando se presenten diferencias, mientras que en las
cortes internacionales las disputas son inapelables,
las audiencias casi siempre son secretas y Estados
Unidos puede ser demandado pero sin reclamos a los
inversionistas.
Chevron que aparece como la segunda peor compañía en
el mundo por su ataque al medio ambiente, también
ostenta gran influencia política y de capital.
Baste
recordar que la ex jefa del Departamento de Estado
durante la administración de George W. Bush,
Condoleeza Rice fue su directora en los años 90,
mientras Dick Cheney, uno de los hombres claves para
la invasión y ocupación de Irak, actuó como director
de Halliburton, una empresa que tiene contratos por
cientos de millones de dólares con la Chevron.
La
batalla por las reivindicaciones de los habitantes
en la Amazonia ecuatoriana aun será larga, pero
tienen a su favor que Ecuador no haya firmado el TLC
con Estados Unidos y así continuar luchando
jurídicamente para que la Chevron responda por su
crimen ambiental y pague el costo económico.
Rebelión ha publicado
este artículo con el permiso del autor mediante una
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