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Del Norte al Sur del
planeta, frente a la deuda en todos sus estados:
pistas alternativas
Por
Eric Toussaint
[07.05.2011]-Actualizado
11:50 pm Cuba
La crisis sacude a la Unión Europea hasta los
cimientos. Para varios
países la soga de la deuda pública se cierra sobre
ellos y están
asfixiados por los mercados financieros. Con la
complicidad activa de
los gobiernos, de la Comisión Europea, del Banco
Central Europeo y del
FMI, las instituciones financieras responsables de
la crisis se
enriquecen y especulan sobre las deudas de los
Estados. La patronal
aprovecha la situación para lanzar una ofensiva
brutal contra una
serie de derechos económicos y sociales de la
mayoría de la población.
La reducción del déficit público no debe hacerse
reduciendo los gastos
sociales públicos, sino luchando contra el gran
fraude fiscal y
gravando más el capital, las transacciones
financieras, el patrimonio
y las rentas de los más ricos. Para reducir el
déficit, también es
necesario reducir drásticamente los gastos de
armamento, así como
otros gastos socialmente inútiles y peligrosos para
el medio ambiente.
En cambio es fundamental aumentar los gastos
sociales, especialmente
para amortiguar los efectos de la depresión
económica. Pero más allá
hay que considerar esta crisis como una posibilidad
de romper con la
lógica capitalista y realizar un cambio radical de
sociedad. La nueva
lógica que hay que construir deberá romper con el
productivismo,
incluir la cuestión ecológica, erradicar las
diversas formas de
opresión [racial, patriarcal, etc.] y promover los
bienes comunes.
Para eso es necesario construir un frente
anticrisis, tanto a escala
europea como localmente, con el fin de agrupar las
energías para crear
una relación de fuerza favorable a la puesta en
práctica de soluciones
radicales centradas en la justicia social y
climática. Desde agosto de
2010 el CADTM ha formulado ocho propuestas relativas
a la actual
crisis europea |1|. El elemento central es la
necesidad de proceder a
la anulación de la parte ilegitima de la deuda
pública. Para ello, el
CADTM recomienda la realización de una auditoría de
la deuda pública
efectuada bajo control ciudadano. En determinadas
circunstancias dicha
auditoría deberá combinarse con la suspensión
unilateral y soberana
del reembolso de la deuda pública. El objetivo de la
auditoría es
llegar a la anulación/repudio de la parte ilegal de
la deuda pública y
a una fuerte reducción del resto de la deuda.
La reducción drástica de la deuda pública es una
condición necesaria
pero insuficiente para sacar a los países de la
Unión Europea de la
crisis. Hay que completarla con toda una serie de
medidas de gran
amplitud en diferentes ámbitos.
1. Realizar una auditoría de la deuda pública con el
fin de anular la
parte ilegitima
Una parte importante de la deuda pública de los
Estados de la Unión
Europea es ilegitima porque es el resultado de una
política deliberada
de gobiernos que decidieron privilegiar
sistemáticamente a una clase
social, la clase capitalista, y a otros sectores
favorecidos, en
detrimento del resto de la sociedad. La rebaja de
impuestos sobre las
rentas altas de las personas físicas, sobre sus
patrimonios y sobre
los beneficios de las empresas privadas, han llevado
a los poderes
públicos a incrementar la deuda pública con el fin
de cubrir el
agujero producido por esa rebaja. Así, dichos
poderes públicos han
aumentado fuertemente la carga impositiva sobre los
hogares modestos
que constituyen la mayoría de la población. A eso
hay que añadir,
desde 2007-2008, el rescate de las instituciones
financieras privadas,
responsables de la crisis, que ha costado muy caro a
las finanzas
públicas y ha hecho estallar la deuda pública. La
disminución de los
ingresos provocada por la crisis que han causado las
instituciones
financieras privadas, una vez más se ha tenido que
cubrir con
préstamos masivos. Ese marco general señala
claramente la ilegitimidad
de una parte importante de las deudas públicas. A
eso se añade, en
cierto número de países sometidos al chantaje de los
mercados
financieros, otras fuentes evidentes de
ilegitimidad. Las nuevas
deudas contraídas a partir de 2008 se han asumido en
un contexto en el
que los banqueros [y otras instituciones financieras
privadas]
utilizan el dinero conseguido de los bancos
centrales a tipos de
interés bajos para especular y obligar a los poderes
públicos a
aumentar las remuneraciones que éstos tienen que
reembolsar. Además en
países como Grecia, Hungría, Letonia, Rumania o
Irlanda, los préstamos
concedidos por el FMI se han combinado con
condiciones que constituyen
una violación de los derechos económicos y sociales
de las
poblaciones. Con el agravante de que esas
condiciones, una vez más,
favorecen a los banqueros y a las demás
instituciones financieras.
También por estas razones son ilegitimas.
Finalmente, en algunos casos
se ha hecho burla de la voluntad popular: por
ejemplo, mientras que en
febrero de 2011 una amplia mayoría de los irlandeses
votó contra los
partidos que hicieron regalos a los bancos y
aceptaron las condiciones
impuestas por la Comisión Europea y el FMI, la nueva
coalición
gubernamental continúa grosso modo la misma política
que sus
predecesores. Más generalmente, en algunos países se
asiste a la
marginación del poder legislativo en beneficio de
una política de
hechos consumados impuesta por el poder ejecutivo
que pasa los
acuerdos con la Comisión Europea y el FMI. A
continuación el poder
ejecutivo presenta al Parlamento ese acuerdo «lo
tomas o lo dejas»,
que llega incluso a organizar un debate sin votación
en asuntos de
primer orden. La tendencia del poder ejecutivo a
transformar el órgano
legislativo en una oficina de registro se refuerza.
En ese inquietante contexto, sabiendo que antes o
después una serie de
Estados se enfrentará al riesgo concreto de la
imposibilidad de pagar
por falta de liquidez y que el reembolso de una
deuda ilegitima es
inaceptable por principios, conviene pronunciarse
claramente por la
anulación de las deudas ilegitimas. Anulación cuyo
coste debe recaer
sobre los culpables de la crisis, a saber, las
instituciones
financieras privadas.
Para los países como Grecia, Irlanda, Portugal o los
países de Europa
del Este [y los de fuera de la Unión Europea, como
Islandia], es
decir, los países que están sometidos al chantaje de
los
especuladores, del FMI y de otros organismos como la
Comisión Europea,
conviene recurrir a una moratoria unilateral del
reembolso de la deuda
pública. Esta propuesta se hace popular en los
países más afectados
por la crisis. A finales de noviembre de 2010 en
Dublín, en una
encuesta de opinión realizada por teléfono a cerca
de 500 personas, el
57% de los irlandeses preguntados se pronunció a
favor de la
suspensión del pago de la deuda [«default» en
inglés] más que por la
ayuda de emergencia del FMI y Bruselas. «Default !
say the people» [el
pueblo por la suspensión del pago] titulaba el
Sunday Independent,
principal diario de la isla. Según el CADTM, ese
tipo de moratoria
unilateral debe unirse a la realización de una
auditoría de los
préstamos públicos [con participación ciudadana]. La
auditoría debe
permitir que se aporten al gobierno y a la opinión
pública las pruebas
y los argumentos necesarios para la
anulación/repudio de la parte de
la deuda identificada como ilegitima. El derecho
internacional y el
derecho interno de los países ofrecen una base legal
para ese tipo de
acción soberana unilateral de anulación/repudio.
A los países que recurran a la suspensión del pago,
con la experiencia
sobre la cuestión de la deuda de los países del sur,
el CADTM pone en
guardia con respecto a una medida insuficiente, una
simple suspensión
del reembolso de la deuda, que puede revelarse
contraproducente. Hay
que hacer la moratoria sin añadido de intereses de
demora sobre las
sumas no reembolsadas.
En otros países como Francia, Gran Bretaña o
Alemania, no es
imperativo decretar una moratoria unilateral durante
la realización de
la auditoría. Pero también debe llevarse a cabo allí
con el fin de
determinar la amplitud de la anulación/repudio a la
que habrá que
proceder. En caso de deterioro de la coyuntura
internacional la
suspensión del pago pueden llegar a ser necesaria
incluso para los
países que se creen a salvo del chantaje de los
prestamistas privados.
La participación ciudadana es la condición
imperativa para garantizar
la objetividad y la transparencia de la auditoría.
Esta comisión de
auditoría deberá estar compuesta especialmente por
los diferentes
órganos del Estado afectados, así como por auditores
expertos de las
finanzas públicas, economistas, juristas,
constitucionalistas,
representantes de los movimientos sociales… y
permitirá determinar las
distintas responsabilidades en el proceso de
endeudamiento y exigir
que los responsables, tanto nacionales como
internacionales, rindan
cuentas a la justicia. En caso de hostilidad de un
gobierno con
respecto a la auditoría, será necesario constituir
una comisión
ciudadana de auditoría sin participación
gubernamental
En cualquier caso es legítimo que las instituciones
privadas y las
personas físicas de altas rentas que poseen los
títulos de esas deudas
asuman el coste de la anulación de deudas soberanas
ilegitimas, ya que
son ampliamente responsables de la crisis de la
cual, por añadidura,
se beneficiaron largamente. El hecho de que deban
asumir el coste de
la anulación no es más que una justa vuelta hacia
una mayor justicia
social. Es importante elaborar un registro de los
propietarios de
títulos con el fin de indemnizar a los ciudadanos y
ciudadanas con
rentas bajas y medias que haya entre ellos.
Si la auditoría demuestra la existencia de delitos
relacionados con el
endeudamiento ilegal, hay que condenar firmemente a
sus autores a
pagar las reparaciones y no permitir que se libren
de las penas de
cárcel en función de la gravedad de sus actos. Hay
que exigir justicia
contra las autoridades que pusieron en marcha los
préstamos ilegales.
En cuanto a las deudas que no están afectadas de
ilegitimidad,
convendría imponer un esfuerzo a los acreedores en
términos de
reducción del stock y de los tipos de interés, así
como una ampliación
del período de reembolso. También seria conveniente
efectuar una
discriminación positiva a favor de los pequeños
propietarios de
títulos de la deuda pública que convendría
reembolsar normalmente. Por
otra parte, el montante de la parte del presupuesto
del Estado
destinado al reembolso de la deuda deberá limitarse
en función de la
situación de la economía, de la capacidad de
reembolso de los poderes
públicos y del carácter irreducible de los gastos
sociales. Hay que
inspirarse en lo que se hizo con Alemania tras la
Segunda Guerra
Mundial. El Acuerdo de Londres de 1953 sobre la
deuda alemana, que
consistía, en particular, en reducir el 62% del
stock de la deuda,
estipulaba que la relación entre el servicio de la
deuda y los
ingresos de las exportaciones no debía sobrepasar el
5%. |2| Se podría
definir una ratio de este tipo: la suma asignada al
reembolso de la
deuda no puede exceder el 5% de los ingresos del
Estado. También hay
que adoptar un marco legal para evitar que se repita
la crisis que
comenzó en 2007-2008: prohibición de socializar las
deudas privadas,
obligación de organizar una auditoría permanente de
la política de
endeudamiento público con participación ciudadana,
imprescriptibilidad
de los delitos relacionados con el endeudamiento
ilegal, nulidad de
las deudas ilegales…
2. Detener los planes de austeridad, son injustos y
profundizan la crisis
De acuerdo con las exigencias del FMI, los gobiernos
de los países
europeos han optado por imponer a sus pueblos
políticas de estricta
austeridad, con claros recortes en el gasto público:
jubilaciones en
la función pública, congelación e incluso rebaja de
los salarios de
los funcionarios, reducción del acceso a algunos
servicios públicos
vitales y de protección social, retraso de la edad
de jubilación. A la
inversa las empresas públicas reclaman –y obtienen-
un aumento de sus
tarifas mientras que el coste del acceso a la
sanidad y la educación
también se revisa al alza. Crece el recurso a la
subida de impuestos
indirectos particularmente injustos, en especial el
IVA. Las empresas
públicas del sector competente se privatizan
masivamente. Las
políticas de austeridad que se ponen en práctica se
están empujando a
un nivel nunca visto desde la Segunda Guerra
Mundial. De esta forma
los efectos de la crisis se duplican por los
presuntos remedios que se
dirigen sobre todo a proteger los intereses de los
propietarios de
capitales. En resumen, ¡los banqueros beben, los
pueblos pagan!
Pero los pueblos cada vez toleran menos la
injusticia de esas reformas
caracterizadas por una amplia regresión social. En
términos relativos
son los trabajadores, los parados y las familias más
modestas quienes
más tienen que contribuir para que los Estados
continúen engordando a
los acreedores. Y entre las poblaciones más
afectadas las mujeres
ocupan el primer puesto, ya que la actual
organización de la economía
y la sociedad patriarcal hace que caigan sobre ellas
los desastrosos
efectos de la precariedad, del trabajo parcial y mal
pagado. Afectadas
directamente por la degradación de los servicios
sociales públicos,
ellas pagan un precio muy alto. La lucha para
imponer otra lógica es
indisociable de la lucha por el respeto total de los
derechos de las
mujeres.
3. Instaurar una verdadera justicia fiscal europea y
una justa
redistribución de la riqueza. Prohibir las
transacciones con los
paraísos judiciales y fiscales. Luchar contra el
fraude fiscal masivo
de las grandes empresas y de los más ricos
Desde 1980 no han dejado de bajar los impuestos
directos sobre las
rentas más elevadas y las grandes empresas. Así en
la Unión Europea,
de 2000 a 2008, las tasas superiores del impuesto
sobre la renta y el
impuesto de sociedades bajaron respectivamente 7 y
8,5 puntos. Esos
cientos de miles de millones de euros de regalos
fiscales se
orientaron esencialmente hacia la especulación y la
acumulación de
riquezas por parte de los más ricos.
Hay que diseñar una reforma profunda de la
fiscalidad con el objetivo
de la justicia social [reducir al mismo tiempo las
rentas y el
patrimonio de los más ricos para aumentar los de la
mayoría de la
población] armonizándola en el plano europeo con el
fin de impedir el
dumping fiscal. |3| Se trata de aumentar los
ingresos públicos,
especialmente por medio del impuesto progresivo
sobre la renta de las
personas físicas más ricas [la tasa marginal sobre
el tramo más
elevado de renta debe llevarse al 90% |4|], el
impuesto sobre el
patrimonio a partir de cierto montante y el impuesto
de sociedades.
Este aumento de los ingresos debe ir parejo con una
rápida rebaja del
precio del acceso a los bienes y servicios de
primera necesidad
[alimentos básicos, agua, electricidad, calefacción,
transporte
público, material escolar…] especialmente por una
reducción fuerte y
concreta del IVA de dichos bienes y servicios
vitales. Se trata
también de adoptar una política fiscal que favorezca
la protección del
medio ambiente gravando de forma disuasiva a las
industrias
contaminantes.
La Unión Europea debe adoptar una tasa sobre las
transacciones
financieras, especialmente sobre los mercados de
intercambios, con el
fin de aumentar los ingresos de los poderes
públicos.
Los diferentes G20, a pesar de sus declaraciones de
intenciones, en
realidad se han negado a atacar a los paraísos
judiciales y fiscales.
Una medida sencilla para luchar contra los paraísos
fiscales [que
todos los años hacen perder a los países del norte,
y también a los
del sur, recursos vitales para el desarrollo de las
poblaciones],
consiste para un Parlamento en prohibir a todas las
personas físicas y
a todas las empresas presentes en su territorio
realizar cualquier
transacción que pase por los paraísos fiscales, bajo
pena de una multa
de un importe equivalente. Además hay que erradicar
esos agujeros
negros de las finanzas, de tráficos criminales, de
corrupción y de
delincuencia de cuello blanco.
El fraude fiscal priva a la colectividad de medios
considerables y
actúa contra el empleo. Los medios públicos
consecuentes deben ponerse
al servicio del ministerio de finanzas para luchar
eficazmente contra
ese fraude. Los resultados deben hacerse públicos y
sancionar
severamente a los culpables.
4. Poner en orden los mercados financieros, en
especial por la
creación de un registro de los propietarios de
títulos, por la
prohibición de las ventas a descubierto y la
especulación en una serie
de sectores. Crear una agencia pública europea de
calificación
La especulación a escala mundial representa varias
veces el total de
las riquezas producidas en el planeta. Los
sofisticados montajes de la
mecánica financiera la vuelven totalmente
incontrolable. Los
engranajes que suscita alteran la estructura de la
economía real. La
opacidad sobre las transacciones financieras es la
norma. Para gravar
a los acreedores en el origen, es necesario
identificarlos. La
dictadura de los mercados financieros debe acabar y
se debe prohibir
la especulación en toda una serie de sectores. Es
conveniente prohibir
la especulación con los títulos de la deuda pública,
con las divisas y
con los alimentos. |5| También se deben prohibir las
ventas a
descubierto |6| y los Credit Default Swaps se deben
regular
estrictamente. Hay que cerrar los mercados de
contratación directa de
productos derivados, que son verdaderos agujeros
negros que escapan a
toda reglamentación y vigilancia.
El sector de las agencias de calificación también
debe reformarse y
enmarcarse estrictamente. Lejos de una herramienta
de evaluación
científica objetiva, esas agencias son,
estructuralmente, partes
interesadas de la globalización neoliberal y en
varias ocasiones han
desencadenado repeticiones de catástrofes sociales.
En efecto, la
rebaja de la nota de un país implica una subida de
los tipos de
interés sobre los préstamos que se le han concedido.
En consecuencia
la situación económica del país en cuestión se
deteriora todavía más.
El comportamiento borreguil de los especuladores
multiplica las
dificultades encontradas que pesarán todavía más
duramente sobre las
poblaciones. La marcada sumisión de las agencias de
calificación a los
medios financieros estadounidenses las convierte en
actores
principales a nivel internacional, y su
responsabilidad en el
desencadenamiento y la evolución de la crisis no ha
sido
suficientemente aclarada por los medios de
comunicación. La
estabilidad económica de los países europeos se ha
dejado en manos de
esas agencias de calificación, sin protección, sin
medios serios de
control por parte de los poderes públicos. Es
imprescindible la
creación de una agencia pública de calificación para
escapar de este
callejón sin salida.
5. Transferir los bancos al sector público bajo
control ciudadano
Tras decenios de desviaciones financieras y
privatizaciones ya es hora
de pasar el sector crediticio al dominio público.
Los Estados deben
recuperar su capacidad de controlar y orientar la
actividad económica
y financiera. También deben contar con instrumentos
para realizar
inversiones y financiar el gasto público reduciendo
al mínimo el
endeudamiento con instituciones financieras privadas
y/o extranjeras.
Hay que expropiar los bancos, sin indemnización, y
transferirlos al
sector público bajo control ciudadano.
En algunos casos, la expropiación de los bancos
privados puede
representar un coste para el Estado debido a las
deudas puedan haber
acumulado. El coste en cuestión debe recuperarse del
patrimonio
general de los grandes accionistas. En efecto, las
empresas privadas
que son accionistas de los bancos y que los llevaron
al abismo
mientras obtenían jugosos beneficios, son
propietarias de una parte de
su patrimonio en otros sectores de la economía. Debe
hacerse, pues,
una punción en el patrimonio general de los
accionistas. Se trata de
evitar al máximo la socialización de las pérdidas.
El ejemplo irlandés
es emblemático. La forma en que se efectuó la
nacionalización del
Allied Bank irlandés es inaceptable. Hay que
aprender de eso.
6. Socializar las numerosas empresas y servicios
privatizados desde 1980
Una característica de los últimos treinta años ha
sido la
privatización de muchas empresas y servicios
públicos. Desde los
bancos al sector industrial pasando por correos, las
telecomunicaciones, la energía y el transporte, los
gobiernos han
entregado al sector privado gran parte de la
economía, perdiendo al
mismo tiempo toda la capacidad de regularla. Esos
bienes públicos,
procedentes del trabajo colectivo, deben volver al
sector público. Se
trata de crear nuevas empresas públicas y adaptar
los servicios
públicos según las necesidades de la población para
responder, en
particular, a la problemática del cambio climático,
por ejemplo con la
creación de un servicio público de aislamiento
térmico de las
viviendas.
7. Reducir drásticamente las horas de trabajo para
crear empleos y
aumentar los salarios y las pensiones
Distribuir de otra forma la riqueza es la mejor
respuesta a la crisis.
La parte de la riqueza creada destinada a los
trabajadores se ha
reducido considerablemente desde hace varios
decenios mientras los
acreedores y las empresas han aumentado sus
beneficios para dedicarlos
la especulación. El aumento de los salarios no sólo
permite que las
personas vivan con dignidad, sino que también
fortalece los medios
utilizados para financiar la protección social y las
pensiones.
Al reducir el tiempo de trabajo sin menguar los
salarios y creando
empleos, se mejora la calidad de vida de los
trabajadores y se
proporciona empleo a aquéllos que lo buscan. La
reducción radical del
tiempo de trabajo también ofrece la oportunidad de
practicar un ritmo
de vida diferente, una forma diferente de vivir en
sociedad
alejándonos del consumismo. El tiempo ganado para el
ocio permitirá
una mayor participación activa de las personas en la
vida política, en
el fortalecimiento de la solidaridad, en actividades
de voluntariado y
en la creatividad cultural.
8. Refundar democráticamente otra Unión Europea
basada en la solidaridad
Varias disposiciones de los tratados que rigen la
Unión Europea, la
eurozona y el BCE deben derogarse. Por ejemplo, es
necesario eliminar
los artículos 63 y 125 del Tratado de Lisboa, que
prohíben cualquier
control de los movimientos de capitales y cualquier
ayuda a un Estado
en dificultades. También hay que abandonar el Pacto
de Estabilidad y
Crecimiento. Y más allá, es necesario sustituir los
tratados actuales
por otros nuevos en el marco de un genuino proceso
constituyente
democrático para alcanzar un pacto de solidaridad de
los pueblos a
favor del empleo y la ecología.
Se debe revisar por completo la política monetaria
así como la
normativa y las prácticas del Banco Central Europeo.
La incapacidad
del poder político de obligar al BCE a emitir dinero
es un obstáculo
muy grave. Con la creación del BCE como entidad por
encima de los
gobiernos y de los pueblos, la UE tomó una decisión
desastrosa, la del
someter a los seres humanos a las finanzas y no a la
inversa.
Mientras que muchos movimientos sociales denunciaron
los rígidos y
profundamente inadecuados estatutos, el BCE se ha
visto obligado a
cambiar de opinión en lo más álgido de la crisis
modificando con
urgencia el papel que le había sido asignado. Por
desgracia el BCE
accedió a hacerlo por razones equivocadas: no porque
se tuvieran en
cuenta los intereses de los pueblos, sino para
preservar los de los
acreedores. Es la prueba evidente de que hay que
barajar y repartir
las cartas de nuevo. El BCE debe tener el poder de
financiar
directamente a los Estados que desean lograr los
objetivos sociales y
medioambientales que integran perfectamente las
necesidades básicas de
la población.
En la actualidad, actividades económicas muy
diferentes, como la
inversión en la construcción de un hospital o un
proyecto puramente
especulativo, se financian de manera similar. El
poder político debe,
al menos plantearse, imponer costes muy diferentes a
unos y otros: los
bajos tipos de interés se deben reservar para
inversiones socialmente
justas y ambientalmente sostenibles, mientras que
las tasas muy altas,
incluso prohibitivas cuando la situación lo exige,
deben aplicarse a
las operaciones de tipo especulativo siendo también
deseable que pura
y simplemente se prohíban en ciertos sectores [véase
más arriba].
Una Europa basada en la solidaridad y la cooperación
debe dar la
espalda a la competencia y la rivalidad que nivelan
«por abajo». La
lógica neoliberal ha conducido a la crisis y ha
revelado su fracaso.
Dicha lógica ha empujado los indicadores sociales a
la baja: menos
protección social, menos empleo, menos servicios
públicos. Los que se
han beneficiado de esta crisis lo han hecho
pisoteando los derechos de
la mayoría. ¡Los culpables han ganado, las víctimas
pagan! Esta
lógica, que subyace en todos los textos fundadores
de la Unión
Europea, comenzando por el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, debe
atacarse directamente: no se puede sostener. El
objetivo prioritario
debe ser otra Europa basada en la cooperación entre
los Estados y la
solidaridad entre los pueblos. Para ello, las
políticas
presupuestarias y fiscales no deben ser uniformes,
ya que las
economías europeas presentan grandes diferencias,
pero hay que
coordinarlas para que finalmente surja una
nivelación «por arriba».
Hay que imponer políticas globales a escala europea
que incluyan
inversiones públicas masivas para la creación de
empleo público en
áreas claves [de los servicios comunitarios a las
energías renovables,
de la lucha contra el cambio climático a los
sectores sociales
básicos].
Esta otra Europa democratizada debe, según el CADTM,
trabajar para
imponer principios no negociables: el
fortalecimiento de la justicia
fiscal y social, decisiones dirigidas a elevar el
nivel y la calidad
de vida de sus habitantes, el desarme y la reducción
radical del gasto
militar [incluida la retirada de las tropas europeas
de Afganistán y
la salida de la OTAN], optar por energías
sostenibles sin recurrir a
la nuclear, rechazo de los organismos modificados
genéticamente [OGM].
También debe acabar resueltamente con su política de
fortaleza sitiada
frente a los inmigrantes y convertirse en un socio
justo y
verdaderamente solidario con los pueblos del Sur del
planeta.
Traducido para Rebelión por Jorge Aldao y Caty R.
Notas
|1| Ver
http://www.cadtm.org/Juntos-para-im...
En este artículo recuperamos estas ocho propuestas,
las actualizamos y las desarrollamos.
|2| Ver, de Éric Toussaint, Banco Mundial. El golpe
de Estado permanente, capítulo 4.
|3| Pensamos en Irlanda, que aplica una tasa sólo
del 12,5% sobre los beneficios de las sociedades.
|4| Hay que señalar que esa tasa del 90% se impuso a
los ricos a partir de la presidencia de Franklin
Roosevelt en Estados Unidos en los años 1930.
|5| Ver, de Éric Toussaint, La Crisis global,
Editorial de las Madres de la Plaza de Mayo, Buenos
Aires, 2010, capítulo 4.
|6| Las ventas a descubierto permiten especular
sobre la bajada de un título vendiendo finalmente
dicho título cuando ni siquiera se tiene.
Las autoridades alemanas han prohibido las ventas a
descubierto mientras que las autoridades francesas y
las de otros países se oponen a esa medida.
P.-S.
Éric TOUSSAINT, doctor en Ciencias Políticas de la
Universidad de Liège –Bélgica- y de la Universidad
Paris VIII – Francia-, Maître de conférences en la
Universidad de Liège (Bélgica), presidente del
Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer
Mundo - Bélgica
www.cadtm.org, miembro del
Consejo Internacional del Foro Social Mundial y de
la Comisión Presidencial de Auditoría Integral de la
Deuda (CAIC) de Ecuador, miembro del Consejo
Científico de ATTAC France. Autor de La Crisis
global, Editorial de las Madres de la Plaza de Mayo,
Buenos Aires, 2010; Una mirada al retrovisor. El
neoliberalismo desde sus orígenes hasta la
actualidad, Editorial Icaria, Barclona, 2010; Banco
del sur y Nueva crisis internacional, Editorial
Viejo Topo (Barcelona), 2007 ; Editorial Abya-Yala
(Quito), 2007 ; Editorial Observatorio DESC, La Paz,
2007). Co-autor con Damien Millet de 60 preguntas/
60 Respuestas sobre la deuda, el Fmi y el Banco
mundial, Icaria-Intermon, Barcelona, 2010.
(Tomado del Boletin CADTM) |
