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Ocho propuestas urgentes para
otra Europa
Por
Éric Toussaint- CADTM
Traducido para Rebelión por Jorge Aldao y Caty R.
[30.04.2011]-Actualizado
11:50 pm Cuba
La
crisis sacude a la Unión Europea hasta los
cimientos. Para varios países la soga de la deuda
pública se cierra sobre ellos y están asfixiados por
los mercados financieros. Con la complicidad activa
de los gobiernos, la Comisión Europea, el Banco
Central Europeo y el FMI, las instituciones
financieras responsables de la crisis se enriquecen
y especulan sobre las deudas de los Estados. La
patronal aprovecha la situación para lanzar una
ofensiva brutal contra una serie de derechos
económicos y sociales de la mayoría de la población.
La
reducción del déficit público no debe hacerse
reduciendo los gastos sociales públicos, sino
luchando contra el gran fraude fiscal y gravando más
el capital, las transacciones financieras, el
patrimonio y las rentas de los más ricos. Para
reducir el déficit, también es necesario reducir
drásticamente los gastos de armamento, así como
otros gastos socialmente inútiles y peligrosos para
el medio ambiente. En cambio es fundamental aumentar
los gastos sociales, especialmente para amortiguar
los efectos de la depresión económica. Pero más allá
hay que considerar esta crisis como una posibilidad
de romper con la lógica capitalista y realizar un
cambio radical de sociedad. La nueva lógica que hay
que construir deberá romper con el productivismo,
incluir la cuestión ecológica, erradicar las
diversas formas de opresión [racial, patriarcal,
etc.] y promover los bienes comunes.
Para
eso es necesario construir un frente anticrisis,
tanto a escala europea como localmente, con el fin
de agrupar las energías para crear una relación de
fuerza favorable a la puesta en práctica de
soluciones radicales centradas en la justicia social
y climática. Desde agosto de 2010 el CADTM ha
formulado ocho propuestas relativas a la actual
crisis europea (1) . El elemento central es la
necesidad de proceder a la anulación de la parte
ilegítima de la deuda pública. Para ello, el CADTM
recomienda la realización de una auditoría de la
deuda pública efectuada bajo control ciudadano. En
determinadas circunstancias dicha auditoría deberá
combinarse con la suspensión unilateral y soberana
del reembolso de la deuda pública. El objetivo de la
auditoría es llegar a la anulación/repudio de la
parte ilegal de la deuda pública y a una fuerte
reducción del resto de la deuda.
La
reducción drástica de la deuda pública es una
condición necesaria pero insuficiente para sacar a
los países de la Unión Europea de la crisis. Hay que
completarla con toda una serie de medidas de gran
amplitud en diferentes ámbitos.
1.
Realizar una auditoría de la deuda pública con el
fin de anular la parte ilegítima.
Una
parte importante de la deuda pública de los Estados
de la Unión Europea es ilegítima porque es el
resultado de una política deliberada de gobiernos
que decidieron privilegiar sistemáticamente a una
clase social, la clase capitalista, y a otros
sectores favorecidos, en detrimento del resto de la
sociedad. La rebaja de impuestos sobre las rentas
altas de las personas físicas, sobre sus patrimonios
y sobre los beneficios de las empresas privadas, han
llevado a los poderes públicos a incrementar la
deuda pública con el fin de cubrir el agujero
producido por esa rebaja. Así, dichos poderes
públicos han aumentado fuertemente la carga
impositiva sobre los hogares modestos que
constituyen la mayoría de la población. A eso hay
que añadir, desde 2007-2008, el rescate de las
instituciones financieras privadas, responsables de
la crisis, que ha costado muy caro a las finanzas
públicas y ha hecho estallar la deuda pública. La
disminución de los ingresos provocada por la crisis
que han causado las instituciones financieras
privadas, una vez más se ha tenido que cubrir con
préstamos masivos. Ese marco general señala
claramente la ilegitimidad de una parte importante
de las deudas públicas. A eso se añade, en cierto
número de países sometidos al chantaje de los
mercados financieros, otras fuentes evidentes de
ilegitimidad. Las nuevas deudas contraídas a partir
de 2008 se han asumido en un contexto en el que los
banqueros [y otras instituciones financieras
privadas] utilizan el dinero conseguido de los
bancos centrales a tipos de interés bajos para
especular y obligar a los poderes públicos a
aumentar las remuneraciones que éstos tienen que
reembolsar. Además en países como Grecia, Hungría,
Letonia, Rumania o Irlanda, los préstamos concedidos
por el FMI se han combinado con condiciones que
constituyen una violación de los derechos económicos
y sociales de las poblaciones. Con el agravante de
que esas condiciones, una vez más, favorecen a los
banqueros y a las demás instituciones financieras.
También por estas razones son ilegítimas.
Finalmente, en algunos casos se ha hecho burla de la
voluntad popular: por ejemplo, mientras que en
febrero de 2011 una amplia mayoría de los irlandeses
votó contra los partidos que hicieron regalos a los
bancos y aceptaron las condiciones impuestas por la
Comisión Europea y el FMI, la nueva coalición
gubernamental continúa grosso modo la misma política
que sus predecesores. Más generalmente, en algunos
países se asiste a la marginación del poder
legislativo en beneficio de una política de hechos
consumados impuesta por el poder ejecutivo que pasa
los acuerdos con la Comisión Europea y el FMI. A
continuación el poder ejecutivo presenta al
Parlamento ese acuerdo «lo tomas o lo dejas», que
llega incluso a organizar un debate sin votación en
asuntos de primer orden. La tendencia del poder
ejecutivo a transformar el órgano legislativo en una
oficina de registro se refuerza.
En ese
inquietante contexto, sabiendo que antes o después
una serie de Estados se enfrentará al riesgo
concreto de la imposibilidad de pagar por falta de
liquidez y que el reembolso de una deuda ilegítima
es inaceptable por principios, conviene pronunciarse
claramente por la anulación de las deudas
ilegítimas. Anulación cuyo coste debe recaer sobre
los culpables de la crisis, a saber, las
instituciones financieras privadas.
Para
los países como Grecia, Irlanda, Portugal o los
países de Europa del Este [y los de fuera de la
Unión Europea, como Islandia], es decir, los países
que están sometidos al chantaje de los
especuladores, del FMI y de otros organismos como la
Comisión Europea, conviene recurrir a una moratoria
unilateral del reembolso de la deuda pública. Esta
propuesta se hace popular en los países más
afectados por la crisis. A finales de noviembre de
2010 en Dublín, en una encuesta de opinión realizada
por teléfono a cerca de 500 personas, el 57% de los
irlandeses preguntados se pronunció a favor de la
suspensión del pago de la deuda [«default» en
inglés] más que por la ayuda de emergencia del FMI y
Bruselas. «Default ! say the people» [el pueblo por
la suspensión del pago] titulaba el Sunday
Independent, principal diario de la isla. Según el
CADTM, ese tipo de moratoria unilateral debe unirse
a la realización de una auditoría de los préstamos
públicos [con participación ciudadana]. La auditoría
debe permitir que se aporten al gobierno y a la
opinión pública las pruebas y los argumentos
necesarios para la anulación/repudio de la parte de
la deuda identificada como ilegítima. El derecho
internacional y el derecho interno de los países
ofrecen una base legal para ese tipo de acción
soberana unilateral de anulación/repudio.
A los
países que recurran a la suspensión del pago, con la
experiencia sobre la cuestión de la deuda de los
países del sur, el CADTM pone en guardia con
respecto a una medida insuficiente, una simple
suspensión del reembolso de la deuda, que puede
revelarse contraproducente. Hay que hacer la
moratoria sin añadido de intereses de demora sobre
las sumas no reembolsadas.
En
otros países como Francia, Gran Bretaña o Alemania,
no es imperativo decretar una moratoria unilateral
durante la realización de la auditoría. Pero también
debe llevarse a cabo allí con el fin de determinar
la amplitud de la anulación/repudio a la que habrá
que proceder. En caso de deterioro de la coyuntura
internacional la suspensión del pago pueden llegar a
ser necesaria incluso para los países que se creen a
salvo del chantaje de los prestamistas privados.
La
participación ciudadana es la condición imperativa
para garantizar la objetividad y la transparencia de
la auditoría. Esta comisión de auditoría deberá
estar compuesta especialmente por los diferentes
órganos del Estado afectados, así como por auditores
expertos de las finanzas públicas, economistas,
juristas, constitucionalistas, representantes de los
movimientos sociales… y permitirá determinar las
distintas responsabilidades en el proceso de
endeudamiento y exigir que los responsables, tanto
nacionales como internacionales, rindan cuentas a la
justicia. En caso de hostilidad de un gobierno con
respecto a la auditoría, será necesario constituir
una comisión ciudadana de auditoría sin
participación gubernamental
En
cualquier caso es legítimo que las instituciones
privadas y las personas físicas de altas rentas que
poseen los títulos de esas deudas asuman el coste de
la anulación de deudas soberanas ilegítimas, ya que
son ampliamente responsables de la crisis de la
cual, por añadidura, se beneficiaron largamente. El
hecho de que deban asumir el coste de la anulación
no es más que una justa vuelta hacia una mayor
justicia social. Es importante elaborar un registro
de los propietarios de títulos con el fin de
indemnizar a los ciudadanos y ciudadanas con rentas
bajas y medias que haya entre ellos.
Si la
auditoría demuestra la existencia de delitos
relacionados con el endeudamiento ilegal, hay que
condenar firmemente a sus autores a pagar las
reparaciones y no permitir que se libren de las
penas de cárcel en función de la gravedad de sus
actos. Hay que exigir justicia contra las
autoridades que pusieron en marcha los préstamos
ilegales.
En
cuanto a las deudas que no están afectadas de
ilegitimidad, convendría imponer un esfuerzo a los
acreedores en términos de reducción del stock y de
los tipos de interés, así como una ampliación del
período de reembolso. También seria conveniente
efectuar una discriminación positiva a favor de los
pequeños propietarios de títulos de la deuda pública
que convendría reembolsar normalmente. Por otra
parte, el montante de la parte del presupuesto del
Estado destinado al reembolso de la deuda deberá
limitarse en función de la situación de la economía,
de la capacidad de reembolso de los poderes públicos
y del carácter irreducible de los gastos sociales.
Hay que inspirarse en lo que se hizo con Alemania
tras la Segunda Guerra Mundial. El Acuerdo de
Londres de 1953 sobre la deuda alemana, que
consistía, en particular, en reducir el 62% del
stock de la deuda, estipulaba que la relación entre
el servicio de la deuda y los ingresos de las
exportaciones no debía sobrepasar el 5% (2). Se
podría definir una ratio de este tipo: la suma
asignada al reembolso de la deuda no puede exceder
el 5% de los ingresos del Estado. También hay que
adoptar un marco legal para evitar que se repita la
crisis que comenzó en 2007-2008: prohibición de
socializar las deudas privadas, obligación de
organizar una auditoría permanente de la política de
endeudamiento público con participación ciudadana,
imprescriptibilidad de los delitos relacionados con
el endeudamiento ilegal, nulidad de las deudas
ilegales…
2.
Detener los planes de austeridad, son injustos y
profundizan la crisis.
De
acuerdo con las exigencias del FMI, los gobiernos de
los países europeos han optado por imponer a sus
pueblos políticas de estricta austeridad, con claros
recortes en el gasto público: jubilaciones en la
función pública, congelación e incluso rebaja de los
salarios de los funcionarios, reducción del acceso a
algunos servicios públicos vitales y de protección
social, retraso de la edad de jubilación. A la
inversa las empresas públicas reclaman –y obtienen-
un aumento de sus tarifas mientras que el coste del
acceso a la sanidad y la educación también se revisa
al alza. Crece el recurso a la subida de impuestos
indirectos particularmente injustos, en especial el
IVA. Las empresas públicas del sector competente se
privatizan masivamente. Las políticas de austeridad
que se ponen en práctica se están empujando a un
nivel nunca visto desde la Segunda Guerra Mundial.
De esta forma los efectos de la crisis se duplican
por los presuntos remedios que se dirigen sobre todo
a proteger los intereses de los propietarios de
capitales. En resumen, ¡los banqueros beben, los
pueblos pagan!
Pero
los pueblos cada vez toleran menos la injusticia de
esas reformas caracterizadas por una amplia
regresión social. En términos relativos son los
trabajadores, los parados y las familias más
modestas quienes más tienen que contribuir para que
los Estados continúen engordando a los acreedores. Y
entre las poblaciones más afectadas las mujeres
ocupan el primer puesto, ya que la actual
organización de la economía y la
sociedad patriarcal hace que caigan sobre ellas los
desastrosos efectos de la precariedad, del trabajo
parcial y mal pagado. Afectadas directamente por la
degradación de los servicios sociales públicos,
ellas pagan un precio muy alto. La lucha para
imponer otra lógica es indisociable de la lucha por
el respeto total de los derechos de las mujeres.
3.
Instaurar una verdadera justicia fiscal europea y
una justa redistribución de la riqueza. Prohibir las
transacciones con los paraísos judiciales y
fiscales. Luchar contra el fraude fiscal masivo de
las grandes empresas y de los más ricos.
Desde
1980 no han dejado de bajar los impuestos directos
sobre las rentas más elevadas y las grandes
empresas. Así en la Unión Europea, de 2000 a 2008,
las tasas superiores del impuesto sobre la renta y
el impuesto de sociedades bajaron respectivamente 7
y 8,5 puntos. Esos cientos de miles de millones de
euros de regalos fiscales se orientaron
esencialmente hacia la especulación y la acumulación
de riquezas por parte de los más ricos.
Hay
que diseñar una reforma profunda de la fiscalidad
con el objetivo de la justicia social [reducir al
mismo tiempo las rentas y el patrimonio de los más
ricos para aumentar los de la mayoría de la
población] armonizándola en el plano europeo con el
fin de impedir el dumping fiscal (3). Se trata de
aumentar los ingresos públicos, especialmente por
medio del impuesto progresivo sobre la renta de las
personas físicas más ricas [la tasa marginal sobre
el tramo más elevado de renta debe llevarse al 90%
(4)], el impuesto sobre el patrimonio a partir de
cierto montante y el impuesto de sociedades. Este
aumento de los ingresos debe ir parejo con una
rápida rebaja del precio del acceso a los bienes y
servicios de primera necesidad [alimentos básicos,
agua, electricidad, calefacción, transporte público,
material escolar…] especialmente por una reducción
fuerte y concreta del IVA de dichos bienes y
servicios vitales. Se trata también de adoptar una
política fiscal que favorezca la protección del
medio ambiente gravando de forma disuasiva a las
industrias contaminantes.
La
Unión Europea debe adoptar una tasa sobre las
transacciones financieras, especialmente sobre los
mercados de intercambios, con el fin de aumentar los
ingresos de los poderes públicos.
Los
diferentes G20, a pesar de sus declaraciones de
intenciones, en realidad se han negado a atacar a
los paraísos judiciales y fiscales. Una medida
sencilla para luchar contra los paraísos fiscales
[que todos los años hacen perder a los países del
norte, y también a los del sur, recursos vitales
para el desarrollo de las poblaciones], consiste
para un Parlamento en prohibir a todas las personas
físicas y a todas las empresas presentes en su
territorio realizar cualquier transacción que pase
por los paraísos fiscales, bajo pena de una multa de
un importe equivalente. Además hay que erradicar
esos agujeros negros de las finanzas, de tráficos
criminales, de corrupción y de delincuencia de
cuello blanco.
El
fraude fiscal priva a la colectividad de medios
considerables y actúa contra el empleo. Los medios
públicos consecuentes deben ponerse al servicio del
ministerio de finanzas para luchar eficazmente
contra ese fraude. Los resultados deben hacerse
públicos y sancionar severamente a los culpables.
4.
Poner en orden los mercados financieros, en especial
por la creación de un registro de los propietarios
de títulos, por la prohibición de las ventas a
descubierto y la especulación en una serie de
sectores. Crear una agencia pública europea de
calificación.
La
especulación a escala mundial representa varias
veces el total de las riquezas producidas en el
planeta. Los sofisticados montajes de la mecánica
financiera la vuelven totalmente incontrolable. Los
engranajes que suscita alteran la estructura de la
economía real. La opacidad sobre las transacciones
financieras es la norma. Para gravar a los
acreedores en el origen, es necesario
identificarlos. La dictadura de los mercados
financieros debe acabar y se debe prohibir la
especulación en toda una serie de sectores. Es
conveniente prohibir la especulación con los títulos
de la deuda pública, con las divisas y con los
alimentos (5). También
se deben prohibir las ventas a descubierto
(6) y los Credit Default Swaps se deben regular
estrictamente. Hay que cerrar los mercados de
contratación directa de productos derivados, que son
verdaderos agujeros negros que escapan a toda
reglamentación y vigilancia.
El
sector de las agencias de calificación también debe
reformarse y enmarcarse estrictamente. Lejos de una
herramienta de evaluación científica objetiva, esas
agencias son, estructuralmente, partes interesadas
de la globalización neoliberal y en varias ocasiones
han desencadenado repeticiones de catástrofes
sociales. En efecto, la rebaja de la nota de un país
implica una subida de los tipos de interés sobre los
préstamos que se le han concedido. En consecuencia
la situación económica del país en cuestión se
deteriora todavía más. El comportamiento borreguil
de los especuladores multiplica las dificultades
encontradas que pesarán todavía más duramente sobre
las poblaciones. La marcada sumisión de las agencias
de calificación a los medios financieros
estadounidenses las convierte en actores principales
a nivel internacional, y su responsabilidad en el
desencadenamiento y la evolución de la crisis no ha
sido suficientemente aclarada por los medios de
comunicación. La estabilidad económica de los países
europeos se ha dejado en manos de esas agencias de
calificación, sin protección, sin medios serios de
control por parte de los poderes públicos. Es
imprescindible la creación de una agencia pública de
calificación para escapar de este callejón sin
salida.
5.
Transferir los bancos al sector público bajo control
ciudadano .
Tras
decenios de desviaciones financieras y
privatizaciones ya es hora de pasar el sector
crediticio al dominio público. Los Estados deben
recuperar su capacidad de controlar y
orientar la actividad económica y financiera.
También deben contar con instrumentos para realizar
inversiones y financiar el gasto público reduciendo
al mínimo el endeudamiento con instituciones
financieras privadas y/o extranjeras. Hay que
expropiar los bancos, sin indemnización, y
transferirlos al sector público bajo control
ciudadano.
En
algunos casos, la expropiación de los bancos
privados puede representar un coste para el Estado
debido a las deudas puedan haber acumulado. El coste
en cuestión debe recuperarse del patrimonio general
de los grandes accionistas. En efecto, las empresas
privadas que son accionistas de los bancos y que los
llevaron al abismo mientras obtenían jugosos
beneficios, son propietarias de una parte de su
patrimonio en otros sectores de la economía. Debe
hacerse, pues, una punción en el patrimonio general
de los accionistas. Se trata de evitar al máximo la
socialización de las pérdidas. El ejemplo irlandés
es emblemático. La forma en que se efectuó la
nacionalización del Allied Bank irlandés es
inaceptable. Hay que aprender de eso.
6.
Socializar las numerosas empresas y servicios
privatizados desde 1980.
Una
característica de los últimos treinta años ha sido
la privatización de muchas empresas y servicios
públicos. Desde los bancos al sector industrial
pasando por correos, las telecomunicaciones, la
energía y el transporte, los gobiernos han entregado
al sector privado gran parte de la economía,
perdiendo al mismo tiempo toda la capacidad de
regularla. Esos bienes públicos, procedentes del
trabajo colectivo, deben volver al sector público.
Se trata de crear nuevas empresas públicas y adaptar
los servicios públicos según las necesidades de la
población para responder, en particular, a la
problemática del cambio climático, por ejemplo con
la creación de un servicio público de aislamiento
térmico de las viviendas.
7.
Reducir drásticamente las horas de trabajo para
crear empleos y aumentar los salarios y las
pensiones.
Distribuir de otra forma la riqueza es la mejor
respuesta a la crisis. La parte de la riqueza creada
destinada a los trabajadores se ha reducido
considerablemente desde hace varios decenios
mientras los acreedores y las empresas han aumentado
sus beneficios para dedicarlos la especulación. El
aumento de los salarios no sólo permite que las
personas vivan con dignidad, sino que también
fortalece los medios utilizados para financiar la
protección social y las pensiones.
Al
reducir el tiempo de trabajo sin menguar los
salarios y creando empleos, se mejora la calidad de
vida de los trabajadores y se proporciona empleo a
aquéllos que lo buscan. La reducción radical del
tiempo de trabajo también ofrece la oportunidad de
practicar un ritmo de vida diferente, una forma
diferente de vivir en sociedad alejándonos del
consumismo. El tiempo ganado para el ocio permitirá
una mayor participación activa de las personas en la
vida política, en el fortalecimiento de la
solidaridad, en actividades de voluntariado y en la
creatividad cultural.
8.
Refundar democráticamente otra Unión Europea basada
en la solidaridad.
Varias
disposiciones de los tratados que rigen la Unión
Europea, la eurozona y el BCE deben derogarse. Por
ejemplo, es necesario eliminar los artículos 63 y
125 del Tratado de Lisboa, que prohíben cualquier
control de los movimientos de capitales y cualquier
ayuda a un Estado en dificultades. También hay que
abandonar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y
más allá, es necesario sustituir los tratados
actuales por otros nuevos en el marco de un genuino
proceso constituyente democrático para alcanzar un
pacto de solidaridad de los pueblos a favor del
empleo y la ecología.
Se
debe revisar por completo la política monetaria así
como la normativa y las prácticas del Banco Central
Europeo. La incapacidad del poder político de
obligar al BCE a emitir dinero es un obstáculo muy
grave. Con la creación del BCE como entidad por
encima de los gobiernos y de los pueblos, la UE tomó
una decisión desastrosa, la del someter a los seres
humanos a las finanzas y no a la inversa.
Mientras que muchos movimientos sociales denunciaron
los rígidos y profundamente inadecuados estatutos,
el BCE se ha visto obligado a cambiar de opinión en
lo más álgido de la crisis modificando con urgencia
el papel que le había sido asignado. Por desgracia
el BCE accedió a hacerlo por razones equivocadas: no
porque se tuvieran en cuenta los intereses de los
pueblos, sino para preservar los de los acreedores.
Es la prueba evidente de que hay que barajar y
repartir las cartas de nuevo. El BCE debe tener el
poder de financiar directamente a los Estados que
desean lograr los objetivos sociales y
medioambientales que integran perfectamente las
necesidades básicas de la población.
En la
actualidad, actividades económicas muy diferentes,
como la inversión en la construcción de un hospital
o un proyecto puramente especulativo, se financian
de manera similar. El poder político debe, al menos
plantearse, imponer costes muy diferentes a unos y
otros: los bajos tipos de interés se deben reservar
para inversiones socialmente justas y ambientalmente
sostenibles, mientras que las tasas muy altas,
incluso prohibitivas cuando la situación lo exige,
deben aplicarse a las operaciones de tipo
especulativo siendo también deseable que pura y
simplemente se prohíban en ciertos sectores [véase
más arriba].
Una
Europa basada en la solidaridad y la cooperación
debe dar la espalda a la competencia y la rivalidad
que nivelan «por abajo». La lógica neoliberal ha
conducido a la crisis y ha revelado su fracaso.
Dicha lógica ha empujado los indicadores sociales a
la baja: menos protección social, menos empleo,
menos servicios públicos. Los que se han beneficiado
de esta crisis lo han hecho pisoteando los derechos
de la mayoría. ¡Los culpables han ganado, las
víctimas pagan! Esta lógica, que subyace en todos
los textos fundadores de la Unión Europea,
comenzando por el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento, debe atacarse directamente: no se puede
sostener. El objetivo prioritario debe ser otra
Europa basada en la cooperación entre los Estados y
la solidaridad entre los pueblos. Para ello, las
políticas presupuestarias y fiscales no deben ser
uniformes, ya que las economías europeas presentan
grandes diferencias, pero hay que coordinarlas para
que finalmente surja una nivelación «por arriba».
Hay que imponer políticas globales a escala europea
que incluyan inversiones públicas masivas para la
creación de empleo público en áreas claves [de los
servicios comunitarios a las energías renovables, de
la lucha contra el cambio climático a los sectores
sociales básicos].
Esta
otra Europa democratizada debe, según el CADTM,
trabajar para imponer principios no negociables: el
fortalecimiento de la justicia fiscal y social,
decisiones dirigidas a elevar el nivel y la calidad
de vida de sus habitantes, el desarme y la reducción
radical del gasto militar [incluida la retirada de
las tropas europeas de Afganistán y la salida de la
OTAN], optar por energías sostenibles sin recurrir a
la nuclear, rechazo de los organismos modificados
genéticamente [OGM]. También debe acabar
resueltamente con su política de fortaleza sitiada
frente a los inmigrantes y convertirse en un socio
justo y verdaderamente solidario con los pueblos del
Sur del planeta.
Notas:
(1) Ver
http://www.cadtm.org/Juntos-para-im...
En este artículo recuperamos estas ocho propuestas,
las actualizamos y las desarrollamos.
(2) Ver, de Éric Toussaint,
Banco Mundial. El golpe de Estado permanente,
capítulo 4.
(3)
Pensamos en Irlanda, que aplica una tasa sólo del
12,5% sobre los beneficios de las sociedades.
(4)
Hay que señalar que esa tasa del 90% se impuso a los
ricos a partir de la presidencia de Franklin
Roosevelt en Estados Unidos en los años 1930.
(5)
Ver, de Éric Toussaint, La Crisis global, Editorial
de las Madres de la Plaza de Mayo, Buenos Aires,
2010, capítulo 4.
(6)
Las ventas a descubierto permiten especular sobre la
bajada de un título vendiendo finalmente dicho
título cuando ni siquiera se tiene. Las autoridades
alemanas han prohibido las ventas a descubierto
mientras que las autoridades francesas y las de
otros países se oponen a esa medida.
Éric TOUSSAINT, doctor en Ciencias Políticas por la
Universidad de Liège –Bélgica- y por la Universidad
Paris VIII – Francia-, Maître de conférences en la
Universidad de Liège (Bélgica), presidente del
Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer
Mundo - Bélgica
www.cadtm.org,
miembro del Consejo Internacional del Foro Social
Mundial y de la Comisión Presidencial de Auditoría
Integral de la Deuda (CAIC) de Ecuador, miembro del
Consejo Científico de ATTAC France. Autor de La
Crisis global, Editorial de las Madres de la Plaza
de Mayo, Buenos Aires, 2010; Una mirada al
retrovisor. El neoliberalismo desde sus orígenes
hasta la actualidad, Editorial Icaria, Barclona,
2010; Banco del sur y Nueva crisis internacional,
Editorial Viejo Topo (Barcelona), 2007; Editorial
Abya-Yala (Quito), 2007; Editorial Observatorio
DESC, La Paz, 2007). Coautor con Damien Millet de 60
preguntas/60 Respuestas sobre la deuda, el Fmi y el
Banco mundial, Icaria-Intermon, Barcelona, 2010.
Fuente.
http://www.cadtm.org/Huit-propositions-urgentes-pour |
