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El viejo Pacto del Euro (Parte II - Final)
Por Ernesto Montero Acuña

[01.07.2011]-Actualizado 11:30 pm Cuba

El Pacto del Euro implica que todas sus medidas se sujeten, en
consecuencia, a las recomendaciones de la Comisión Europea, que además
actuará como principal supervisora y evaluadora de su aplicación y
desarrollo.

Según un análisis del Consejo Científico de la Attac, su objetivo es
reducir los costos salariales, contradictoriamente, para tornar más
vendibles los productos.

Este es el primero de los cuatro pilares del sistema, que parece
desmoronarse desde su origen mismo.

La reducción de los precios, según el estudio citado, solo se puede
lograr si disminuyen los salarios mediante los llamados costes
laborales unitarios.

Así, se apuesta por un tipo de competitividad doblemente
empobrecedora, pues no se basa en mejorar la calidad o el valor de los
productos europeos, sino en igualar a la baja los salarios.

Por tanto, merma la capacidad adquisitiva popular.

"El Pacto del Euro es un pacto contra los trabajadores europeos",
según Juan Torres López y Alberto Garzón, autores del referido
análisis.

Opinan que se traducirá en menores ventas para los productos de miles
de pequeñas y medianas empresas, sostenidas por las compras de los
asalariados de la región.

Las únicas beneficiarias serán las grandes empresas globales europeas
-y de otras nacionalidades- que operan en los mercados mundiales y
cuyos saldos no dependen solo de las ventas en la UE, como ocurre con
la mayoría de las pequeñas y medianas.

De tal modo es así, que se califica al Pacto como dirigido contra estas.

Sin embargo, son las que crean alrededor del 70 por ciento del empleo
en toda Europa y, como consecuencia de aquello, la medida deprimirá la
ocupación laboral.

El acuerdo opera contra factores muy beneficiosos para el incremento
de la productividad, según la Attac, como buenos salarios y
condiciones de trabajo, seguridad en el empleo, participación de los
trabajadores en la actividad de las empresas y protección social
adecuada y abundante.

El Pacto no persigue elevar la productividad, insisten, sino reducir
los salarios para aumentar los beneficios de las grandes empresas
europeas.

Su diseño neoliberal prevé la reducción del gasto público, por lo que
puede aventurarse que, en lugar de aumentar la productividad,
provocará su disminución.

Lo consideran un Pacto "contra la competitividad de la economía
europea", que también atañe al mundo globalizado.

Debido a que el 75 por ciento de las exportaciones son intraeuropeas,
la baja de los ingresos provocará reducción del consumo en el bloque
y, por tanto, un efecto recesivo en sus economías, primero, y luego en
las más vinculadas a estas.

Se prevé que el acuerdo, en resumen, no disminuirá los precios de los
productos exportables, sino que provocará, en sentido contrario, la
caída de la actividad económica en toda la UE.

El segundo de los cuatro pilares en que se basa es impulsar el empleo,
pero conseguido a partir de la presunción de que la desocupación se
debe al mal funcionamiento del mercado laboral, algo que los autores
califican como una falacia.

Según ellos, con el descenso de los salarios se debilita el mercado de
bienes y servicios, que depende del gasto mayoritario de los
trabajadores. De modo que si los empresarios no venden sus productos,
tampoco contratarán fuerza laboral.

De acuerdo con los analistas de Attac, el Pacto precarizará aún más el
empleo en Europa, que se tornará más inseguro, temporal y barato.

Será asimismo menos productivo, porque resultará cada vez más difícil
impulsar la economía de alto valor añadido, que es más competitiva.

Consideran que se especializará a Europa en la oferta de mano de obra
barata vinculada a servicios personales de baja calidad, como ha
venido pasando en España y otros países.

Ello la convertirá "en una especie de gran parque de atracciones de
bajo costo del que solo se aprovecharán" las grandes empresas europeas
con mercados cautivos, dentro y fuera de la región.

Son precisamente estas las que impulsan el Pacto y obligan a los
gobiernos a firmarlo.

En cuanto al "incremento de la sostenibilidad de las finanzas
públicas", la Comisión Europea pretende garantizar la reducción de los
déficits presupuestarios por debajo del tres por ciento.

Para ello recomienda reformar, realmente privatizar, el sistema de
pensiones, el sanitario y las prestaciones sociales, todo ello con
impacto directo sobre el bienestar de los ciudadanos.

Asimismo, pretende "el ajuste de la edad de jubilación efectiva a la
esperanza de vida", "la limitación de los planes de jubilación
anticipada" y el "uso de incentivos específicos para emplear a
trabajadores de más edad".

Se propone debilitar el sistema público de pensiones para favorecer su
progresiva privatización.

De igual forma, la Comisión impulsa la privatización de las empresas y
los servicios públicos para proporcionar negocios más favorables al
capital.

"No es cierto", aseguran los autores, "que las privatizaciones
constituyan ingresos netos para las arcas públicas". Se venden los
bienes públicos a precios bajos -cuando no se regalan- sin tener en
cuenta los ingresos que se dejan de percibir al transferirlos.

Se estima que el Pacto ni siquiera reducirá el déficit y la deuda con
sus imposiciones, porque ello no se logra solo con limitar el gasto.

Sus medidas únicamente consiguen aumentar el malestar y las carencias
sociales e, incluso, la falta de recursos públicos para el capital
privado.

El último de los pilares, consistente en "el refuerzo de la
estabilidad financiera", se interpreta como que los estados
simplemente se comprometan a entablar debates en torno a la política
tributaria.

En España sería como avanzar en la privatización de las cajas de
ahorro. Pero garantizando que, antes, se emplee el dinero del Estado
en sanearlas. El manejo de las deudas quedará, como siempre, en manos
del Fondo Monetario Internacional.

Como conclusión fundamental, los autores asumen que "el Pacto del Euro
es un torpedo hacia la línea de flotación de la Europa social".

Para ellos, la deuda externa que provoca problemas gravísimos a
gobiernos, empresas y familias, no se ha originado porque las
economías europeas sean poco competitivas.

Es consecuencia de que los gobiernos no han afrontado bien la crisis
financiera causada por la banca internacional y los grandes fondos
especulativos, que deprimen los salarios y estimulan la crisis
económica.

Según el análisis publicado el pasado 12 de junio, "el Pacto de Euro
es una colosal estafa concebida solo para favorecer los beneficios de
la banca y de las grandes empresas".

Con la justificación de luchar contra la deuda, añaden, provocará, con
el tipo de medidas que propone, menos empleo e inferiores ingresos.

La Europa del euro neoliberal ha dado todo lo que podía: "incremento
de las desigualdades, crisis financieras, pérdida de puestos de
trabajo, degeneración del empleo y cierre de millones de pequeñas y
medianas empresas".

Así que, añaden, "no habrá otra alternativa que luchar por salir del
euro para poder aplicar otras políticas económicas que proporcionen
bienestar humano, sostenibilidad y equilibrio social".

La crisis europea es un problema global en un doble sentido. Primero,
porque cualquier situación referida al Viejo Continente se refleja en
el resto del mundo.

Segundo, porque una circunstancia común a los países más
desarrollados, afecta a la vez a la mayor parte de los
septentrionales.

Si algo revela el Pacto del Euro es que la crisis helénica no es solo
griega, ni española, ni siquiera europea, ni se debe a los gastos
sociales en exceso, sino a la forma en que fueron distribuidos, un
efecto que se trata de recargar ahora, nuevamente, sobre quienes han
sido los afectados históricos.

En esto consiste la vejez de lo que se muestra como nuevo, fracasado
en la Argentina del año 2001, como colofón en América Latina, sin
retorno.

(Tomado de PL)

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