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El
viejo Pacto del Euro (Parte II - Final)
Por
Ernesto Montero Acuña
[01.07.2011]-Actualizado
11:30 pm Cuba
El Pacto del Euro implica que todas sus medidas se
sujeten, en
consecuencia, a las recomendaciones de la Comisión
Europea, que además
actuará como principal supervisora y evaluadora de
su aplicación y
desarrollo.
Según un análisis del Consejo Científico de la Attac,
su objetivo es
reducir los costos salariales, contradictoriamente,
para tornar más
vendibles los productos.
Este es el primero de los cuatro pilares del
sistema, que parece
desmoronarse desde su origen mismo.
La reducción de los precios, según el estudio
citado, solo se puede
lograr si disminuyen los salarios mediante los
llamados costes
laborales unitarios.
Así, se apuesta por un tipo de competitividad
doblemente
empobrecedora, pues no se basa en mejorar la calidad
o el valor de los
productos europeos, sino en igualar a la baja los
salarios.
Por tanto, merma la capacidad adquisitiva popular.
"El Pacto del Euro es un pacto contra los
trabajadores europeos",
según Juan Torres López y Alberto Garzón, autores
del referido
análisis.
Opinan que se traducirá en menores ventas para los
productos de miles
de pequeñas y medianas empresas, sostenidas por las
compras de los
asalariados de la región.
Las únicas beneficiarias serán las grandes empresas
globales europeas
-y de otras nacionalidades- que operan en los
mercados mundiales y
cuyos saldos no dependen solo de las ventas en la
UE, como ocurre con
la mayoría de las pequeñas y medianas.
De tal modo es así, que se califica al Pacto como
dirigido contra estas.
Sin embargo, son las que crean alrededor del 70 por
ciento del empleo
en toda Europa y, como consecuencia de aquello, la
medida deprimirá la
ocupación laboral.
El acuerdo opera contra factores muy beneficiosos
para el incremento
de la productividad, según la Attac, como buenos
salarios y
condiciones de trabajo, seguridad en el empleo,
participación de los
trabajadores en la actividad de las empresas y
protección social
adecuada y abundante.
El Pacto no persigue elevar la productividad,
insisten, sino reducir
los salarios para aumentar los beneficios de las
grandes empresas
europeas.
Su diseño neoliberal prevé la reducción del gasto
público, por lo que
puede aventurarse que, en lugar de aumentar la
productividad,
provocará su disminución.
Lo consideran un Pacto "contra la competitividad de
la economía
europea", que también atañe al mundo globalizado.
Debido a que el 75 por ciento de las exportaciones
son intraeuropeas,
la baja de los ingresos provocará reducción del
consumo en el bloque
y, por tanto, un efecto recesivo en sus economías,
primero, y luego en
las más vinculadas a estas.
Se prevé que el acuerdo, en resumen, no disminuirá
los precios de los
productos exportables, sino que provocará, en
sentido contrario, la
caída de la actividad económica en toda la UE.
El segundo de los cuatro pilares en que se basa es
impulsar el empleo,
pero conseguido a partir de la presunción de que la
desocupación se
debe al mal funcionamiento del mercado laboral, algo
que los autores
califican como una falacia.
Según ellos, con el descenso de los salarios se
debilita el mercado de
bienes y servicios, que depende del gasto
mayoritario de los
trabajadores. De modo que si los empresarios no
venden sus productos,
tampoco contratarán fuerza laboral.
De acuerdo con los analistas de Attac, el Pacto
precarizará aún más el
empleo en Europa, que se tornará más inseguro,
temporal y barato.
Será asimismo menos productivo, porque resultará
cada vez más difícil
impulsar la economía de alto valor añadido, que es
más competitiva.
Consideran que se especializará a Europa en la
oferta de mano de obra
barata vinculada a servicios personales de baja
calidad, como ha
venido pasando en España y otros países.
Ello la convertirá "en una especie de gran parque de
atracciones de
bajo costo del que solo se aprovecharán" las grandes
empresas europeas
con mercados cautivos, dentro y fuera de la región.
Son precisamente estas las que impulsan el Pacto y
obligan a los
gobiernos a firmarlo.
En cuanto al "incremento de la sostenibilidad de las
finanzas
públicas", la Comisión Europea pretende garantizar
la reducción de los
déficits presupuestarios por debajo del tres por
ciento.
Para ello recomienda reformar, realmente privatizar,
el sistema de
pensiones, el sanitario y las prestaciones sociales,
todo ello con
impacto directo sobre el bienestar de los
ciudadanos.
Asimismo, pretende "el ajuste de la edad de
jubilación efectiva a la
esperanza de vida", "la limitación de los planes de
jubilación
anticipada" y el "uso de incentivos específicos para
emplear a
trabajadores de más edad".
Se propone debilitar el sistema público de pensiones
para favorecer su
progresiva privatización.
De igual forma, la Comisión impulsa la privatización
de las empresas y
los servicios públicos para proporcionar negocios
más favorables al
capital.
"No es cierto", aseguran los autores, "que las
privatizaciones
constituyan ingresos netos para las arcas públicas".
Se venden los
bienes públicos a precios bajos -cuando no se
regalan- sin tener en
cuenta los ingresos que se dejan de percibir al
transferirlos.
Se estima que el Pacto ni siquiera reducirá el
déficit y la deuda con
sus imposiciones, porque ello no se logra solo con
limitar el gasto.
Sus medidas únicamente consiguen aumentar el
malestar y las carencias
sociales e, incluso, la falta de recursos públicos
para el capital
privado.
El último de los pilares, consistente en "el
refuerzo de la
estabilidad financiera", se interpreta como que los
estados
simplemente se comprometan a entablar debates en
torno a la política
tributaria.
En España sería como avanzar en la privatización de
las cajas de
ahorro. Pero garantizando que, antes, se emplee el
dinero del Estado
en sanearlas. El manejo de las deudas quedará, como
siempre, en manos
del Fondo Monetario Internacional.
Como conclusión fundamental, los autores asumen que
"el Pacto del Euro
es un torpedo hacia la línea de flotación de la
Europa social".
Para ellos, la deuda externa que provoca problemas
gravísimos a
gobiernos, empresas y familias, no se ha originado
porque las
economías europeas sean poco competitivas.
Es consecuencia de que los gobiernos no han
afrontado bien la crisis
financiera causada por la banca internacional y los
grandes fondos
especulativos, que deprimen los salarios y estimulan
la crisis
económica.
Según el análisis publicado el pasado 12 de junio,
"el Pacto de Euro
es una colosal estafa concebida solo para favorecer
los beneficios de
la banca y de las grandes empresas".
Con la justificación de luchar contra la deuda,
añaden, provocará, con
el tipo de medidas que propone, menos empleo e
inferiores ingresos.
La Europa del euro neoliberal ha dado todo lo que
podía: "incremento
de las desigualdades, crisis financieras, pérdida de
puestos de
trabajo, degeneración del empleo y cierre de
millones de pequeñas y
medianas empresas".
Así que, añaden, "no habrá otra alternativa que
luchar por salir del
euro para poder aplicar otras políticas económicas
que proporcionen
bienestar humano, sostenibilidad y equilibrio
social".
La crisis europea es un problema global en un doble
sentido. Primero,
porque cualquier situación referida al Viejo
Continente se refleja en
el resto del mundo.
Segundo, porque una circunstancia común a los países
más
desarrollados, afecta a la vez a la mayor parte de
los
septentrionales.
Si algo revela el Pacto del Euro es que la crisis
helénica no es solo
griega, ni española, ni siquiera europea, ni se debe
a los gastos
sociales en exceso, sino a la forma en que fueron
distribuidos, un
efecto que se trata de recargar ahora, nuevamente,
sobre quienes han
sido los afectados históricos.
En esto consiste la vejez de lo que se muestra como
nuevo, fracasado
en la Argentina del año 2001, como colofón en
América Latina, sin
retorno.
(Tomado de PL) |