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Verdad
y justicia
Por Frei Betto
[30.09.2011]-Actualizado
11:30 pm Cuba
El
martes 13 de setiembre seis exministros de Derechos
Humanos -Gregori, Saboia, Pinheiro, Nilmario, Mamede
y Vannuchi- se reunieron en Brasilia con la actual,
Maria do Rosario. Punto de agenda: la Comisión de la
Verdad (que debiera llamarse ‘de la Verdad y la
Justicia’, pues no basta con investigar los crímenes
de la dictadura sino que hay que castigar a los
responsables de los mismos).
Los
siete suscribieron una carta dirigida a los
diputados federales en apoyo a la instalación de la
Comisión. Y declararon que el Congreso, al aprobar
el proyecto de ley, hará una substancial
contribución para consolidar la democracia
brasileña. La Comisión deberá esclarecer todos los
casos de violación de los derechos humanos a lo
largo del régimen militar.
"El
derecho a la memoria y a la verdad es una conquista
que podemos legar a nuestro pueblo. Nuestro desafío
hoy es una carrera contra el tiempo: las memorias
todavía frescas no pueden ser olvidadas, y solamente
conociendo las prácticas de violación en ese pasado
reciente evitaremos violaciones en el futuro", dice
la carta. El ministro de la Defensa, Celso Amorim,
participó también en el encuentro en la Secretaría
de Derechos Humanos, lo que comprueba el
asentimiento de las Fuerzas Armadas al proyecto.
El
proyecto requiere modificaciones. En caso contrario
tendremos una preparación pero no una verdadera
investigación. Dice el Art. 1°: "Queda conformada,
en el ámbito de la Casa Civil de la Presidencia de
la República, la Comisión Nacional de la Verdad, con
la finalidad de examinar y esclarecer las graves
violaciones a los derechos humanos practicadas
durante el período señalado en el Art. 8° del
apartado de las Disposiciones Constitucionales
Transitorias, a fin de hacer efectivo el derecho a
la memoria y a la verdad histórica y promover la
reconciliación nacional".
Ahora
bien, el período fijado en el referido apartado va
de 1946 a 1988, lo que demuestra la intención de
desviar el foco de las investigaciones, que debieran
centrarse en los 21 años de dictadura militar
(1964-1985).
El
Art. 2° establece que "la Comisión Nacional de la
Verdad, compuesta de forma pluralista, será
integrada por siete miembros, designados por el
Presidente de la República (…)".
¡Siete
personas! Pocas para una tarea de tanta envergadura:
oír testimonios, recoger informaciones, consultar
datos; leer documentos, incluso secretos, emanados
del Poder Público; promover audiencias públicas y
convocar a cualquier ciudadano a prestar
declaración, además de determinar pruebas periciales
y diligencias para recoger y recuperar
informaciones. Incluso se les podrá exigir a los
órganos públicos protección para cualquier persona
amenazada por aportar informaciones a la Comisión.
Dice
el proyecto que "los datos, documentos e
informaciones reservadas entregadas a la Comisión
Nacional de la Verdad no podrán ser divulgados o
mostrados a terceros, obligando a sus miembros a
guardar secreto". Esta cláusula abre la posibilidad
de citar a agentes del régimen militar que, durante
el período dictatorial, cometieron crímenes de
Estado, como torturas, secuestros y asesinatos.
El
Art. 7°, en su párrafo 2°, dice que "la designación
de servidor público federal de la administración
directa o indirecta o de un militar de las Fuerzas
Armadas implicará la dispensa de sus atribuciones en
el cargo".
He ahí
la ventana abierta para poder citar a militares en
activo, a los agentes de la Abin o de la Policía
Federal como miembros de la Comisión, lo cual es
inadmisible.
Es
fundamental el proyecto de ley para establecer
criterios y límites a la participación de servidores
públicos en la Comisión, cuyos miembros, en su
mayoría, deben ser representantes de la sociedad
civil.
La
Comisión necesita disponer de presupuesto propio, de
autonomía financiera, para contratar los servicios
que fueran necesarios.
Dice
el Art. 11: "La Comisión Nacional de la Verdad
tendrá un plazo de dos años, contados a partir de la
fecha de su instalación, para la conclusión de sus
trabajos, debiendo presentar al final un informe
detallado conteniendo las actividades realizadas,
los hechos examinados, las conclusiones y
recomendaciones". Plazo muy corto, dado el volumen
de los crímenes practicados y las dificultades que
empezarán a surgir en el transcurso de la
investigación.
El
Brasil tiene derecho a la verdad; las víctimas y
toda la nación, a la justicia.
Frei
Betto es escritor, autor de "Diario de Fernando. En
las cárceles de la dictadura militar brasileña",
entre otros libros.
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