En septiembre de 2011, ante la amplitud de las amenazas que se cernían sobre el conjunto del sector financiero privado confrontado a los efectos de su arriesgada política, los Bancos Centrales de Europa occidental (Banco Central Europeo, Banco de Inglaterra y Banco de Suiza) y la Reserva Federal de Estados Unidos tomaron una medida de excepcional importancia: ponen a disposición de los bancos privados toda la liquidez necesaria en dólares y en euros por un período superior a tres meses con el fin de permitir a los organismos financieros pasar el fin de año de 2011. O sea, hasta qué punto los gobernantes y los grandes financieros públicos tienen miedo de lo que puede llegar a pasar durante el cuarto trimestre de 2011. Los bancos europeos que conseguían dinero prestado a corto plazo en los money market funds estadounidenses vieron cómo se les cerraba el grifo. Fue necesario su relevo por los Bancos Centrales, pues en caso contrario se podría asistir al posible derrumbe bancario de entidades como BNP Paribas, Dexia, Société Générale, Crédit Agricole, Natixis, citando sólo a algunos bancos franceses y belgas. Este nuevo crash de Dexia [4] demuestra que esta medida no es suficiente para resolver un problema, que, erróneamente, se supone de simple liquidez. Dexia es la primera ficha de dominó que cae en este cuarto trimestre de 2011.

El poder público actúa como el prestamista principal en primera y en última instancia

Se asiste una vez más a esta hermosa demostración: en la UE, los Bancos Centrales de los países miembros y el Banco Central Europeo (BCE) no pueden prestar dinero a los poderes públicos, que, por lo tanto, deben financiarse a través de los bancos y otros inversores institucionales privados. Por consiguiente se supone que el sector privado es capaz de financiar, por sí sólo y sin apoyo estatal, las necesidades de los poderes públicos, de las empresas y de las personas particulares. Sin embargo vemos que los Bancos Centrales, es decir los poderes públicos, aparecen crecientemente como el prestamista principal en primera y en última instancia. Los bancos privados europeos se financian de cinco maneras:

1.- Piden préstamos a los otros bancos en el mercado interbancario;

2.- toman prestado de los particulares que depositan en el banco su dinero en efectivo: salarios y ahorros;

3.- piden prestado a empresas no financieras;

4.- piden prestado dólares a los money market funds de Estados Unidos (que a su vez reciben dinero en préstamo de la Reserva federal);

5.-piden prestado a los Bancos Centrales.

Ahora bien, el mercado interbancario se ha encogido tanto al dudar los bancos unos de otros, debido a la cantidad de activos tóxicos que tienen en sus balances; los depósitos de la población, en período de crisis, también se encogen y, más grave aún, si se pierde confianza en uno o en varios bancos, éstos corren el riego de ver ante sus ventanillas una cola de gente para retirar su dinero e intentar ponerlo a salvo —lo que provoca el pánico de los banqueros, de los Bancos Centrales y de los gobiernos que, como en Francia, limitaron la retirada de fondos por particulares—; empresas no financieras retiran sus fondos de los bancos (en septiembre, el FinancialTimes reveló que la transnacional Siemens había retirado 500 millones de euros del banco francés Société Générale para depositarlos en el BCE), [5] los money market funds cortaron el flujo de créditos a partir de junio de 2011. De golpe, los bancos privados han comenzado a financiarse esencialmente a través de los Bancos Centrales.

El BCE compra masivamente deuda en el mercado secundario

Y no es todo. El BCE prosiguió su política de compra masiva de la deuda, en el mercado secundario, títulos italianos, españoles, griegos, portugueses e irlandeses. Entre el 8 de agosto de 2011 y el 12 de septiembre de 2011, el BCE compró deuda por 77.000 millones de euros, de los cuales 40.000 millones correspondían a títulos italianos. [6] Esto tiene dos objetivos: el primero, tratar de eliminar el lastre que constituye para los bancos privados de Europa occidental los títulos de países que actualmente se consideran de alto riesgo y que compraron a manos llenas hasta 2010; el segundo es tratar de evitar que Italia y España no terminen en la misma situación que Grecia, Irlanda y Portugal, los que, a causa de unos tipos de interés incrementados descomunalmente, no pueden pedir más créditos en los mercados con plazos mayores de un año. Si Italia y España también debían renunciar a pedir dinero en los mercados financieros por unos tipos de interés demasiado altos, el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) no dispondría de medios suficientes para responder a las necesidades de financiación de estos dos países. No hay que olvidar que también tendrá que seguir comprando títulos griegos, portugueses, irlandeses, y puede ser que de otros países miembros de la zona euro… [7] Además, el FEEF es un instrumento muy poco práctico, creado por los países de la zona euro en mayo de 2010 para responder a la tormenta que envolvía a Grecia. Una prueba de la poca flexibilidad del FEEF es que la decisión tomada por los gobiernos europeos, la Comisión Europea y el BCE el 21de julio de 2011, de aumentar el volumen de intervención y permitirle comprar títulos en el mercado secundario, o inyectar capital en los bancos desfallecientes, debe ser ratificada por cada uno de los 17 parlamentos de la eurozona. Diez semanas más tarde, todavía no ha terminado el proceso de ratificación por los parlamentos.

Desde el 21 de julio, la crisis se va acentuando cada vez más: las bolsas continuaron con una gran inestabilidad, con una fuerte tendencia a la baja, en particular por la capitalización de los bancos. El crecimiento económico ha aflojado en todos lados, incluso en Alemania que hasta junio de 2011 podía publicar resultados superiores a la media europea. La caída de la producción y del consumo en Grecia se ha agravado. El desempleo aumenta y los ingresos fiscales bajan en casi todos los países, lo que reduce los recursos de los Estados para reembolsar la deuda. La posibilidad de nuevas quiebras de instituciones financieras privadas está en la mente de todos.

Los gobiernos europeos han caído en su propia trampa

Los gobiernos europeos han caído en su propia trampa: cuando se creó la UE y el BCE, los gobiernos decidieron que el Banco Central Europeo y los Bancos Centrales de los Estados miembros de la UE no tuvieran el derecho de prestar directamente a los Estados. Éstos deben remitirse a las instituciones financieras privadas (bancos, compañías de seguros, fondos de pensiones…) para poder financiarse. Si el BCE y los Bancos Centrales de los Estados miembros pudieran prestar a los poderes públicos, como hace la Reserva Federal de Estados Unidos, la crisis de la UE estaría atenuada. Sin tomar a Estados Unidos como modelo, lejos de eso, hay que señalar que la FED compró al Tesoro títulos de la deuda pública (Treasury bonds) por un poco más de 1,7 billones de dólares, de los que 900.000 millones lo fueron después de la quiebra de Lehman Brothers, en septiembre de 2008. [8]

Otras características de la UE refuerzan la crisis. El presupuesto de la Unión es minúsculo y las transferencias fiscales a favor de las economías más débiles son muy limitadas. Como comparación, si Estados Unidos estuviera regido por el mismo sistema coercitivo y que las transferencias del presupuesto federal estadounidense hacia sus estados miembros fuera tan bajo como el de la UE, una decena de estados se encontrarían en la misma situación que Grecia o Portugal: Virginia, Maryland, Nuevo México, Florida…

Las economías débiles de la zona euro que acusan un déficit comercial respecto a los países más fuertes (Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica, Austria…) no tienen la posibilidad de apoyarse en una variación de los tipos de cambio con el objetivo de aumentar sus exportaciones. La pertenencia a la zona euro se ha transformado en una camisa de fuerza. Y es a causa de esta situación que la eventualidad de un abandono del euro es parte del debate sobre la salida de la crisis, tanto en la izquierda como en la derecha del campo político.

La crisis de la zona euro y, más allá, la de la UE es patente. Es bien conocido el dicho, el pescado se pudre comenzando por la cabeza. La crisis inunda todas las instancias de centralización de la UE y de la eurozona y los gobiernos de los distintos países no se ponen de acuerdo en las políticas a seguir. Nicolas Sarkozy y Angela Merkel no se entienden sobre las mediadas a tomar. El gobierno alemán es favorable a una mayor reducción del valor de los títulos griegos en los balances de los bancos privados tenedores de estos títulos, mientras que el gobierno francés hace presión para que se respete la reducción del 21 %, aceptada el 21 de julio, a propuesta del Instituto Internacional de las Finanzas (IIF), el cartel de los principales bancos acreedores de Grecia. En clara oposición con su gobierno, Josef Ackermann, presidente de dicho cartel y director ejecutivo del Deutsche Bank, afirmó en la reunión anual del Banco Mundial y del FMI, mantenida en Washington a fines de septiembre 2011, que se oponía a cualquier revisión del acuerdo que fijaba la reducción en el 21 %. Insistió: «Si comenzamos a reabrir esa caja de Pandora, perderemos mucho tiempo…». [9] Por lo tanto, hay un malentendido franco-alemán sobre ese tema en el nivel gubernamental, [10] mientras que el frente formado por los banqueros goza de buena salud. De esta forma, la crisis de la UE y de la eurozona repercute también directamente en las instituciones: Jurgen Stara, administrador alemán del BCE, dimitió en forma notoria en septiembre de 2011 y expresó públicamente su desacuerdo con la política seguida por la institución conducida por Jean-Claude Trichet. Denunció la compra de títulos griegos, italianos… por el BCE.

Por su lado, el gobierno británico mantiene sus posiciones autónomas. Muy contento de no estar en la zona euro, los británicos pueden hacer variar el tipo de cambio de la libra esterlina. A pesar de que la deuda pública inglesa es mucho mayor que la de España, el gobierno británico, gracias a la libra esterlina, dispone de un margen de maniobra mucho más amplio que el español. El gobierno británico se opone a la mayoría de sus colegas europeos en lo que concierne a la propuesta de un impuesto sobre las transacciones financieras. Si algún día éste se creara, es probable que sólo sea aplicado por los Estados miembros de la zona euro. [11] La resistencia del gobierno británico no para allí: ¡piensa seriamente en llevar ante los tribunales al BCE por trabar la libre circulación de capitales! Efectivamente, el BCE quiere que las empresas financieras por las que pasan importantes transacciones en euros (especialmente en productos derivados como el CDS) estén domiciliadas en la zona euro, lo que va en contra de los intereses de uno de los paraísos fiscales británicos: La City de Londres. [12]

Desde los gobiernos de los países miembros de la eurozona, algunos como Eslovaquia y Finlandia, han manifestado sus dudas respecto a las decisiones del 21 de julio, lo que genera un clima de incertidumbre en cuanto a la ratificación del acuerdo por sus parlamentos.

La crisis de la deuda en la zona euro produjo, en julio de 2011, una nueva víctima de la que la gran prensa internacional y los dirigentes de la UE han hablado muy poco. Se trata de Chipre, cuyos bancos están directamente afectados por la crisis griega. Una importante razón para este silencio es que el gobierno de Chipre, escaldado por las políticas de austeridad impuestas a Grecia, Irlanda y Portugal, intenta pasar de la ayuda de la troica (Comisión Europea, BCE y FMI) y está en negociaciones con Rusia por un préstamo de 2.000 millones de euros. El gobierno italiano busca también evitar pasar por la humillación de postrarse ante la troica: las autoridades de Roma le hacen la corte a China para que aumente sus compras de títulos italianos.

La experiencia de 2007-2008 no llevó, en absoluto, a los gobiernos a imponer unas reglas prudenciales estrictas. En cambio, tendrían que haber tomado medidas para impedir que las instituciones financieras, los bancos, las compañías de seguros y otros hedge funds, continúen su tarea devastadora. Es necesario llevar ante los tribunales de justicia a las autoridades públicas y a los dueños de las empresas responsables directos o cómplices activos de los derrumbes bursátiles y bancarios. En el interés de una aplastante mayoría de la población, es urgente expropiar los bancos y ponerlos al servicio del bien común, nacionalizándolos y colocándolos bajo el control de los trabajadores y de los ciudadanos. No sólo hay que rechazar de plano cualquier tipo de indemnización a los grandes accionistas, sino que conviene además recuperar sobre su patrimonio global el coste del saneamiento del sistema financiero. Se trata también de repudiar las acreencias ilegítimas que los bancos privados reclaman a los poderes públicos. Por supuesto que se deben adoptar una serie de medidas complementarias: control del movimiento de capitales, prohibición de la especulación, prohibición de las transacciones con los paraísos fiscales y judiciales, implantación de una fiscalidad que tenga como objetivo el establecimiento de la justicia social… En el caso de la Unión Europea, conviene derogar diferentes tratados, entre ellos el de Maastricht y el de Lisboa. También se tendrá que modificar radicalmente el estatuto del Banco Central Europeo. Mientras que la crisis todavía no llegó a su apogeo, es el momento de generar un cambio radical en la situación con el fin de dar una salida anticapitalista a las convulsiones bancarias y bursátiles.