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Ruanda:
Los acreedores del genocidio de 1994
Por Eric Toussaint - CADTM
[11.04.2014]-
Actualización 10:00 pm de Cuba
A partir del 7 de abril de 1994, en un
intervalo de menos de tres meses, cerca
de un millón de ruandeses -la cifra
exacta queda por determinar- fueron
exterminados porque eran tutsis o se
suponía que lo eran. Pero también hay
que agregar el asesinato de decenas de
miles de hutus moderados. Por supuesto,
hubo un genocidio, es decir, la
destrucción planificada de una
colectividad entera por el asesinato
masivo, cuyo objetivo era impedir su
reproducción biológica y social.
En ese contexto, es fundamental
interrogarse sobre el papel de los
prestamistas internacionales. Todo hace
pensar que las políticas impuestas por
las instituciones financieras
internacionales, principales proveedores
de fondos del régimen dictatorial del
general Juvenal Habyarimana, aceleraron
el proceso que condujo al genocidio.
Generalmente, la incidencia negativa de
estas políticas no se tuvo en cuenta en
la explicación del desenlace dramático
de la crisis ruandesa. Solamente algunos
autores pusieron en evidencia la
responsabilidad de las instituciones de
Bretón Woods (1), que, por otro lado,
rechazan cualquier crítica al respecto.
A comienzos de los años 1980, cuando
estalló la crisis de la deuda del Tercer
Mundo, Ruanda, como su vecino Burundi,
estaban muy poco endeudados. Mientras
que en otros lados del mundo, el Banco
Mundial y el FMI abandonaban su política
activa de préstamos y pregonaban la
abstinencia, estas mismas instituciones
adoptaron una actitud diferente con
Ruanda y se encargaron de concederle
generosos préstamos. La deuda externa de
Ruanda se multiplicó por veinte entre
1976 y 1994. En 1976, se elevaba a 49
millones de dólares, en 1994 llegaba a
cerca de los 1.000 millones de dólares.
La deuda, sobre todo, aumentó a partir
de 1982. Los principales acreedores
fueron el Banco Mundial, el FMI y las
instituciones relacionadas (a las que
llamaremos IFI, instituciones
financieras internacionales). El BM y el
FMI tuvieron el papel más activo en el
endeudamiento. En 1995, las IFI poseían
el 84 % de la deuda externa ruandesa.
El régimen dictatorial instalado desde
1973 garantizaba que no se iba a
producir un vuelco hacia políticas de
cambios estructurales progresistas. Y
por eso el régimen tenía el apoyo activo
de las potencias occidentales: Bélgica,
Francia y Suiza. Además, podía
constituir una muralla respecto a
algunos Estados de la región que
mantenían todavía veleidades de
independencia y de cambios progresistas
(Por ejemplo: Tanzania con el presidente
progresista Julios Nyerere, quien era
uno de los líderes africanos del
movimiento de los no-alineados).
Durante la década de 1980 y hasta 1994,
Ruanda recibió muchos préstamos, pero la
dictadura de Habyarimana se apropiaba de
una parte considerable de la misma. Los
préstamos concedidos debían servir para
mejorar la inserción de la economía
ruandesa en la economía mundial,
desarrollando sus capacidades de
exportación de café, de té y de estaño
(sus tres principales productos de
exportación), en detrimento de los
cultivos destinados a la satisfacción de
las necesidades locales. El modelo
funcionó hasta mediados de los años
ochenta, momento en el que los precios,
del estaño primero, luego del café, y
por último del té, se desplomaron.
Ruanda, cuyo café constituía su
principal fuente de divisas se vio total
y gravemente afectada por la ruptura del
cártel del café provocado por Estados
Unidos, a comienzos de los años noventa.
Utilización de los préstamos
internacionales para preparar el
genocidio Algunas semanas antes del
desencadenamiento de la ofensiva del
Frente Patriótico Ruandés (FPR) en
octubre de 1990, las autoridades
ruandesas firmaron con el FMI y el BM en
Washington un acuerdo para poner en
marcha un programa de ajuste estructural
(PAE).
Este PAE se comenzó a aplicar en
noviembre de 1990: el franco ruandés se
devaluó un 67 %. En contrapartida, el
FMI concedía créditos en divisas de
desembolso rápido para permitir que el
país mantuviera el flujo de las
importaciones. Las sumas así prestadas
permitían equilibrar la balanza de
pagos. El precio de los bienes
importados aumentó de manera
vertiginosa: por ejemplo, el precio de
la gasolina aumentó en un 79 %. El
producto de la venta en el mercado
nacional de los bienes importados
permitía al Estado pagar los sueldos a
los militares, cuyos efectivos
aumentaban velozmente. El PAE preveía
una disminución de los gastos públicos:
hubo, por supuesto, congelación de
salarios y despidos en la función
pública pero también transferencia de
una parte de los gastos en beneficio del
ejército.
Mientras que el precio de los bienes
importados aumentaba, el precio de
compra del café a los productores estaba
congelado, y esto fue exigido por el
FMI. En consecuencia la ruina para
centenares de miles de pequeños
productores de café (2) que, con las
capas más empobrecidas de la población,
fueron desde entonces un reservorio
permanente de reclutas para las milicias
Interahamwe y para el ejército.
Entre las medidas impuestas por el BM y
el FMI, mediante el PAE, hay que
señalar, además del aumento de impuestos
al consumo y la reducción de los
impuestos a las sociedades, el aumento
de los impuestos directos a las familias
populares por reducción de las
exoneraciones fiscales por familia
numerosa, la reducción de las
facilidades de crédito a los campesinos,
etc.
Para justificar la utilización de los
préstamos de la pareja BM/FMI, el BM
autorizó a Ruanda a presentar facturas
antiguas que cubrían la compra de bienes
importados. Este sistema permitió a las
autoridades ruandesas financiar la
compra masiva de armas para el
genocidio. Los gastos militares se
triplicaron entre 1990 y 1992. (3)
Durante este período, el BM y el FMI
enviaron varias misiones de expertos,
quienes subrayaron algunos aspectos
positivos de la política de austeridad
aplicada por Habyarimana, pero, no
obstante, amenazaron con cortar los
pagos si los gastos militares
continuaban creciendo. Las autoridades
ruandesas pusieron a punto algunos
montajes para disimular los gastos
militares: los camiones comprados para
el ejército se imputaron al ministerio
de Transportes, una parte importante de
la gasolina utilizada para los vehículos
de las milicias y del ejército era
imputada al ministerio de Sanidad.
Finalmente el BM y el FMI cerraron el
grifo de la ayuda financiera a comienzos
de 1993, pero no denunciaron la
existencia de cuentas bancarias que las
autoridades ruandesas poseían en el
extranjero en grandes bancos y en las
que seguían disponibles importantes
sumas de dinero para la compra de armas.
Podemos considerar que el BM y el FMI
fallaron en su deber de control sobre la
utilización del dinero prestado.
Debieron cortar sus préstamos desde
comienzos de 1992, cuando supieron que
el dinero era utilizado para la compra
de armas. En ese momento debieron haber
alertado a la ONU. Al continuar
otorgando préstamos hasta comienzos de
1993, ayudaron a un régimen que
preparaba un genocidio. Las
organizaciones de defensa de los
derechos humanos habían denunciado desde
1991 unas masacres preparatorias del
genocidio. El Banco Mundial y el FMI
sistemáticamente ayudaron al régimen
dictatorial, aliado de Estados Unidos,
de Francia y de Bélgica.
El aumento de las contradicciones
sociales
Para que el proyecto genocida pudiera
llevarse a cabo no sólo hacía falta un
régimen para concebirlo y dotarse de los
instrumentos para su realización, sino
también la presencia de una masa
empobrecida, presta a realizar lo
irreparable. En ese país, el 90 % de la
población vivía en el campo, y el 20 %
de la población campesina disponía de
menos de media hectárea por familia.
Entre 1982 y 1994, se asistió a un
proceso masivo de empobrecimiento de la
mayoría de la población rural, mientras,
en el extremo opuesto de la sociedad, se
producía un enriquecimiento
impresionante de algunos pocos. Según el
profesor Jef Maton, en 1982, el 10 % más
rico retenía el 20 % del ingreso rural,
en 1992, acaparaba el 41 %, en 1993 el
45 % y a comienzos de 1994 el 51 %. (4)
El impacto social catastrófico de las
políticas dictadas por el BM/FMI y de la
caída del precio del café en el mercado
mundial (caída que se debe relacionar
con las políticas de las instituciones
de Bretón Woods y de Estados Unidos que
lograron hacer saltar el cártel de los
productores de café en la misma época)
tuvo un papel clave en la crisis de
Ruanda. El enorme descontento social fue
canalizado por el régimen de Habyarimana
hacia la ejecución de un genocidio.
Éric Toussaint, historiador y doctor en
ciencias políticas de las universidades
de Lieja y de Paris VII, es presidente
del CADTM Bélgica (www.cadtm.org). Es
autor de varias obras, entre ellas:
Banco Mundial: el golpe de Estado
permanente. La agenda oculta del
Consensus de Washington, Ediciones El
Viejo Topo, Mataró (Barcelona), 2007, y
una tesis doctoral titulada: <<Enjeux
politiques de l'action de la banque
internationale pour la Reconstruction et
le Développement et du Fonds Monétaire
International envers le tiers-monde>>,
2004. Además es coautor junto a Damien
Millet de 60 preguntas, 60 respuestas
sobre la deuda, el FMI y el Banco
Mundial, Icaria Editorial, Barcelona,
2009; del libro colectivo La deuda o la
vida, Icaria Editorial, Barcelona 2011
que tuvo el premio al libro político
concedido por la Feria del libro
político de Lieja.
Traducción: Griselda Pinero - Raúl
Quiroz
Notas:
1) Chossudovsky, Michel, Rwanda, Somalie,
ex Yougoslavie : conflits armés,
génocide économique et responsabilités
des institutions de Bretton Woods,
Dossier CADTM GRESEA, Bruselas, 1995 ;
Chossudovsky, Michel y Galand, Pierre,
Le Génocide de 1994, L'usage de la dette
extérieure du Rwanda (1990-1994). La
responsabilité des bailleurs de fonds.
Analyse et recommandations, informe
preliminar, Ottawa y Bruselas, 1996.
Véase también: Duterme, Renaud, Rwanda:
une histoire volée, Editions Tribord y
CADTM, 2013
http://livre.fnac.com/a6103644/Renaud-Duterme-Rwanda-une-histoire-volee
2) Maton, Jef. 1994. Développement
économique et social au Rwanda entre
1980 et 1993. Le dixième décile en face
de l'apocalypse.
3) Nduhungirehe, Marie-Chantal. 1995.
Les Programmes d'ajustement structurel.
Spécificité et application au cas du
Rwanda.
4) Maton, Jef. 1994. Op. Cit. |