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La seguridad alimentaria en la Cuba actual (II)
Por José Luis Rodríguez

[26.06.2014]- Actualización 2:30 pm de Cuba

Los avances logrados en la producción agropecuaria durante los 30 primeros años de la Revolución se reflejaron en un crecimiento medio anual del 2,6%, aunque el mismo resultó inferior al 4,4% alcanzado por el PIB en esa misma etapa.

La crisis del Período especial golpeó muy duramente al sector, provocando una caída de 51,4% en el valor agregado bruto (VAB) entre 1989 y 1994, impacto que superó con creces la caída del PIB en esa etapa y que fue del 34,8% hasta 1993.

La situación afrontada hace ya dos décadas no es un mero referente histórico, ya que hasta 2013 el crecimiento del VAB fue de solo 22,8%, por lo que aún no se ha recuperado el nivel previo a ese momento; de ahí que el peso de la producción agropecuaria en el PIB haya descendido de 9% en 1989 a solo 3,6% el pasado año.

La carencia de recursos llevó a que las inversiones anuales promedio entre 2000 y 2012 solo alcanzaran el 28,8% de lo logrado en los años 80, y a que entre 1990 y mediados de los 2000 el uso de fertilizantes se redujera en 88,5%, los combustibles en 47,9% y los piensos en 59,8%, y que el área bajo riego disminuyera en 29,2%.

Esta situación condujo a que la cantidad de tierra cultivable ociosa -incluyendo los pastos- pasara del 35 al 51% del total a mediados de esta última etapa, en lo que incidió no solamente la falta de recursos materiales, sino también la creciente emigración de la población rural hacia las zonas urbanas.

Tal vez en ninguna otra esfera de la economía cubana se hayan mostrado con mayor crudeza las dificultades que ha enfrentado el país para lograr alimentar a la población durante los últimos 25 años, y los enormes esfuerzos que se han requerido para ello.

Habría que apuntar que la reducida asignación de recursos para la producción agropecuaria a partir de 1990 no se debió a una disminución de su prioridad. Realmente el país se vio obligado a concentrarse en la obtención de las divisas indispensables para asegurar su sobrevivencia a corto plazo, y ello solo resultaba posible donde se dispuso de financiamiento externo (producción de níquel) o en aquellos sectores de rápida recuperación (turismo).

La alternativa de colocar los escasos recursos disponibles para fomentar una producción nacional de alimentos requería un volumen tal de financiamiento y un tiempo que no podía competir con la compra de los productos importados para asegurar la supervivencia de la población a corto plazo.

No obstante, ante la falta de recursos y buscando vías para incrementar la producción agropecuaria, se produjo una transformación profunda en el sistema de gestión del sector agropecuario.

La decisión más importante en este sentido se adoptaría en 1993, al crearse las Unidades Básicas de Producción Cooperativa, en las que pasaron a trabajar -en la modalidad de usufructo gratuito- los obreros agrícolas de una parte considerable de las tierras en manos de las granjas estatales, cuya producción se encontraba prácticamente paralizada por falta de recursos. De tal modo, el sector cooperativo en el campo cubano pasó a gestionar el 52% de la tierra, mientras que las tierras explotadas directamente por empresas estatales se reducían al 33%.

Sin embargo, la vinculación entre los organismos estatales y el sector de las UBPC no asumió las transformaciones necesarias, y los resultados productivos no fueron los esperados. De tal modo, los costos de producción se elevaron notablemente, pero los precios de acopio no lo hicieron durante un número de años, lo que repercutió en una elevada irrentabilidad, reforzándose el criterio de que resultaba más barato importar a corto plazo comparado con la alternativa de emprender una producción doméstica.

Con el objetivo de resolver los problemas que afectaban la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria del país, entre 1994 y el 2008 se adoptó un conjunto de medidas dirigidas a atenuar sus negativos efectos.

Entre ellas cabe destacar la creación en 1994 de los mercados agropecuarios de oferta y demanda, en los que los productores pueden vender sus excedentes productivos a precios de mercado, lo que incentivó un grupo de nuevas ofertas, pero a precios que aún hoy permanecen elevados en relación con los ingresos de la mayoría de los trabajadores. Para atenuar el impacto en los precios se crearon mercados controlados por el Estado con precios más bajos, aunque sin subsidios, pues salieron prácticamente todos los productos agrícolas del sistema de racionamiento.

También se generalizó la agricultura urbana y suburbana, la cual dio un significativo impulso a la producción de hortalizas, y se ensayó la entrega de unas 100 mil hectáreas de tierra en usufructo para la producción de café, tabaco y madera fundamentalmente, medida que no alcanzó a generalizarse como política.

Igualmente, se elevaron gradualmente los precios de acopio de productos agrícolas y pecuarios, para tratar de compensar el incremento del costo de los insumos y en especial de los combustibles.

La aplicación de todas estas decisiones mostró -sin embargo- que a pesar de su racionalidad puntual, se requería de un entorno macroeconómico diferente para poder avanzar. (Continuará).

*El autor es asesor del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM).

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La seguridad alimentaria en la Cuba actual (I)  Por José Luis Rodríguez

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