Los dilemas de la casa
Por
Lauren
Céspedes Hernández
Los diputados de la comisión
de Industria, Construcciones
y Energía debatieron sobre
los problemas que enfrenta
la población en la
asignación de solares yermos
y parcelas
[07.07.2016]-
Actualización 6:05 pm de Cuba
El
disponer de una vivienda o
de un terreno para
construirla constituye hoy,
para muchos ciudadanos
cubanos, condición y
urgencia que aún no ha
alcanzado satisfacción
plena. Justamente sobre una
de las alternativas de
acceso a ese espacio vital
para el desarrollo humano y
de la familia, centró su
análisis y debate la
comisión de Industria,
Construcciones y Energía,
este miércoles, en su
tercera jornada de trabajo.
A un año
de la puesta en vigor del
Decreto-Ley 322,
modificativo de la Ley No.
65, Ley General de la
Vivienda —que aprobó la
extinción del Instituto
Nacional de la Vivienda y la
reasignación de funciones a
varios organismos
relacionados con este
sector— la comisión informó
los resultados de las
fiscalizaciones y controles,
realizados en 57 municipios
y nueve provincias del país,
sobre el cumplimiento de uno
de los procedimientos del
cuerpo legislativo:
asignación de parcelas y
solares yermos estatales
para la construcción de
viviendas por esfuerzo
propio.
En primer
lugar, se refirió que son
muchos los terrenos
solicitados y muy pocos los
entregados por no existir la
urbanización. En este
sentido, Diana Rosa Suárez
Matías, jefa del
departamento jurídico del
Instituto de Planificación
Física (IPF) —institución
que hace levantamiento de
parcelas o áreas que cumplen
condiciones de urbanización,
las cuales se inscriben en
el registro de la propiedad
y se entregan a los
gobiernos municipales junto
con los expedientes de
solicitudes— argumentó que
hay limitaciones para este
proceso de asignación de
parcelas y solares yermos.
“No todas
las áreas cumplen las
condiciones
infraestructurales y aunque
la totalidad de las personas
tienen derecho a la
solicitud, hay un grupo de
causales establecidas que
varían en orden de prioridad
de acuerdo con las
particularidades del
territorio: afectados por
desastres naturales,
albergados, casos sociales,
entre otras; ha faltado
prioridad para la inclusión
en el plan de la economía de
las áreas que requieren ser
urbanizadas, y existe
morosidad en funcionarios
para la inscripción de las
parcelas y la entrega de los
expedientes”, aclaró.
Advirtió
además que las expectativas
de la población no han sido
satisfechas, en gran medida,
porque se está viendo como
la única alternativa para
construir un inmueble y la
demanda es alta, y el suelo
es un recurso finito, no
renovable.
En el
informe se reseñaron otras
dificultades, relacionadas
con la falta de preparación
del personal implicado en
ejecutar lo dispuesto en el
Decreto-Ley, insuficiente
personal en las direcciones
(provinciales y municipales)
de Planificación Física y
que los tiempos definidos
para realizar los trámites
son muy largos.
Respecto
a la forma de implementación
de este cuerpo jurídico y el
impacto social, los
diputados expusieron
algunas de las
insatisfacciones y críticas
más frecuentes de la
población.
Caridad
Isasi Alfonso, diputada por
Matanzas, señaló que el
Decreto-Ley creó
expectativas en la
población, sin embargo hay
municipios en los cuales la
entrega de solares ha sido
mínima y lo más preocupante
en ocasiones es que quienes
solicitan no reciben
respuesta luego, ni se les
informa qué ocurrió con su
petición.
Sobre el
levantamiento de parcelas,
denunció, hay muchos
terrenos ociosos en zonas
que cumplen las condiciones
de urbanización y no se le
está dando la
intencionalidad y prioridad
que requiere el asunto.
“Me
preocupan tantas
deficiencias en un programa
tan sensible, consecuencia
de la irresponsabilidad,
falta de compromiso,
sensibilidad humana y
valentía política que se
manifiestan en gobiernos,
instituciones de la vivienda
y otros organismos que
participan en esta
actividad. Creo que hay que
actuar sobre esas personas.
Es evidente que el Decreto
es insuficiente en cuanto a
que no están descritos todos
los procedimientos, pero
cuánto más vamos a esperar
para solucionar un problema
que está planteado desde el
programa del Moncada, y que
aboga por una vivienda digna
para la gente. A la persona
que no se le responde o
explica busca una solución
por su cuenta y a su manera,
y eso genera otro problema
que va en aumento y que es
la ilegalidad, vivir en
ilegalidad”, alertó Jorge
Acosta, diputado de Santiago
de Cuba.
Aliuska
Leyva, diputada de La
Habana, señaló que estamos
hablando de que las
personas que se benefician
con esta asignación, en
primer lugar, son aquellas
que presentan la situación
más crítica, que perdieron
sus casas y bienes a causa
de desastres naturales, por
ejemplo. Ha ocurrido sin
embargo que, después que se
les otorga el terreno, no
tienen presupuesto para
pagarlo. Considero que se
debería incluir dentro del
subsidio —concedido para la
construcción de la vivienda
que cubre gastos para
proyecto, licencia, mano de
obra, materiales y otros— un
monto con este fin.
De
acuerdo con Diana Rosa
Suárez, en cuanto a los
casos críticos que no tienen
dinero para pagar el solar,
no obstante a que el
subsidio tiene norma aparte
y depende de que la persona
desee solicitarlo, es cierto
lo planteado y manifestó que
debía quedar asentada la
propuesta de evaluar y
proponer a los organismos
correspondientes que se
considere dentro del
subsidio una cuantía para el
pago del solar.
Con
relación a los
procedimientos, dijo, están
definidos los que
corresponden a la asignación
de terrenos en la Resolución
No. 55 del IPF, norma
complementaria al Decreto,
pero concordó en que faltan
otros como los que describen
la entrega de azoteas
estatales, la legalización
de barrios precarios o
ilícitos que reúnen
condiciones para ello, o los
que permiten otorgar
licencias de construcción a
los cambios de uso de un
local aprobados.
“Estamos
en un proceso de
ordenamiento, se está
trabajando en la elaboración
de una política pendiente a
discusión, a partir de ella
se podrán definir y ajustar
áreas dejando el espacio que
realmente necesita la
vivienda. De ahí podrán
surgir nuevas parcelas para
entregar”, afirmó.
Explicó
que en las zonas urbanas, no
todas las áreas que están
desocupadas tienen la
finalidad de servir de
espacio a la construcción de
una casa, las parcelas
tienen una determinación, un
fin y, si bien existe la
posibilidad para el cambio
de uso, ese es un proceso
que se evalúa y tramita con
el Ministerio de Economía y
Planificación. Y por
supuesto, la otra exigencia
es que cumplan los
requerimientos
infraestructurales.
Existen
otras opciones —para acceder
a un espacio y construir—
que se explotan menos:
solares particulares, venta
o cesión de azoteas, y
ampliaciones de viviendas.
Belkis
Serrano, vicepresidenta del
IPF, precisó que la
asignación de parcelas y
solares no es un proceso
segmentado y requiere la
prioridad, integración y
coordinación de los
gobiernos municipales, así
como de todas las
instituciones que
intervienen en la actividad.
“Eso está faltando. Las
normas pueden tener fallas
que hoy se están
corrigiendo, pero no se
puede seguir incumpliendo
lo legalmente establecido”.
Reconoció, además, que no
hay agilidad en la
inscripción de parcelas y en
la elaboración de los
expedientes que se entregan
a los Consejos de la
Administración.
En otro
orden se analizaron y
discutieron los altos
índices de ilegalidad en
materia de ordenamiento
territorial y urbanismo y la
tendencia al incremento.
Solamente en lo que va del
2016 se han detectado 9 976,
que se suman a los 154 820
que ya existían de estos
hechos.
Entre las
causas, José Alfredo
Rodríguez, director de
inspección estatal del IPF,
enumeró las insuficiencias
en la inspección,
inestabilidad en el
completamiento de
plantillas, pocas
posibilidades de selección
del personal que ingresa a
las direcciones municipales
y provinciales del
organismo, su fluctuación,
insuficiente capacitación y
limitada coordinación de las
instancias de Planificación
Física con organizaciones de
masas para el enfrentamiento
a las ilegalidades, entre
otras.
Tomado de
Granma
