Tomarle las medidas y el
pulso a la economía
Por Yaditza del Sol González
y Sheyla Delgado G di
Silvestrelli
La urgencia del
reordenamiento, del análisis
y de respuestas ya había
hecho eco en el VI Periodo
Ordinario de Sesiones de la
Asamblea Nacional del Poder
Popular en diciembre del
2015
[06.07.2016]-
Actualización 7:40 pm de Cuba
La urgencia del
reordenamiento, del análisis
y de respuestas ya había
hecho eco en el VI Periodo
Ordinario de Sesiones de la
Asamblea Nacional del Poder
Popular en diciembre del
2015, cuando los diputados
llevaron a la mesa de debate
las tarifas de los productos
agrícolas en los mercados,
las fluctuaciones en el
abastecimiento de las redes
minoristas, o el alcance de
compra del salario respecto
a los artículos que
comercializaban las tiendas
recaudadoras de divisas.
El cambio se hacía
imperativo…, y las
respuestas llegaron casi una
detrás de la otra en los
primeros meses del 2016. Las
opiniones tampoco se
hicieron esperar, en esta
ocasión a través de los
representantes del pueblo en
la reunión conjunta de las
comisiones Agroalimentaria,
de Asuntos Económicos y de
Atención a los Servicios, en
virtud del impacto que han
tenido las medidas adoptadas
para elevar el valor del
peso cubano.
Desde deficiencias en los
planes comerciales,
limitaciones en la
transportación, hasta
cuestiones como la ausencia
de una identificación que le
permita al cliente
diferenciar si está
arribando a un agro estatal
o a uno de oferta y demanda
(MAOD), que las pesas no se
encuentren certificadas para
su uso, o que las pizarras
informativas no muestren con
claridad la unidad y los
precios de los productos…,
la lista de deficiencias
lastra el fin social de los
cambios, como lo recogió el
informe presentado en la
jornada de ayer.
Otro de los señalamientos
explícitos en el documento
cuestionó la permanencia de
los MAOD en los territorios,
pues si bien estos
establecimientos ofertan
productos con calidad y
variedad, fijan una tablilla
de precios que no se
corresponde con el bolsillo
del trabajador, y pueden dar
paso a manejos equívocos de
los recursos o al
desabastecimiento de
aquellos agros que sí entran
en las normativas. Similar
preocupación recae sobre la
figura del carretillero.
Razones de sobra para que el
Ministerio de la Agricultura
(Minag) realice un
seguimiento constante de la
relación entre productores,
comercializadores y el
sistema empresarial, así
como del rescate de la
infraestructura de los
puntos de acopio, los
talleres y el transporte.
Acerca de la venta de
alimentos, ropa y calzado,
aunque se aprecia un impacto
positivo de la medida, la
población acumula dudas que
van desde la relación de
recientes precios y
artículos modificados, hasta
los nuevos índices de
formación de precios en las
cadenas y sus beneficios.
Asimismo, se puntualiza en
el informe que gran parte de
los kioscos de venta en CUC
y unidades pequeñas adolecen
de una estrategia de
abastecimiento estable y que
persisten en las redes
comerciales el acaparamiento
de confituras y refrescos.
Pero no todos los
inconvenientes pasan por el
filtro humano. Cuestiones
como el sistema de
metrología y el estado
técnico de los equipos
—realidad que incide
negativamente en el pesaje—;
el deterioro y ausencia de
sistemas de refrigeración;
así como las limitaciones
con los medios de
transportación, van a parar
al saco de las carencias e
insuficiencias
administrativas, resultado a
veces de limitaciones de los
recursos.
A DEBATE, LOS SIGNOS VITALES
DE UN CAMBIO
A principios de año
estuvimos requeridos de un
rápido reordenamiento que
incluyó, por una parte, el
trabajo con las fichas de
costo de algunos cultivos y
garantizar su presencia en
los mercados. Y por el otro,
se modificaron los precios
de artículos de gran demanda
en las tiendas en CUC,
indicó la ministra de
Finanzas y Precios, Lina
Pedraza para dar pie al
debate con los diputados.
Esta última medida condujo
inevitablemente a analizar
cuestiones como el índice de
formación de precios que
aplican nuestras cadenas
comerciales y que hace mucho
tiempo dejó de ser el famoso
2,40. Sin embargo, aunque
hoy este índice es inferior
y se maneja entre 1,50, debe
cubrir los gastos y costos
de operaciones, además del
nivel de utilidades.
En esta línea del discurso,
Pedraza volvió sobre una
idea: “No se trata de una
rebaja, sino de una
modificación”. La diferencia
radica en que las rebajas se
hacen por inventarios o por
lento movimiento, mientras
que la modificación trae
aparejada no solo nuevos
precios, sino también un
cambio del margen comercial,
o sea, del índice.
Acerca de por qué algunos
productos no tienen aplicado
el 25 o 30 % mencionado,
explicó que estas
mercancías ya habían tenido
durante el año, e incluso
antes, ciertas
modificaciones en el precio
y rebajas paulatinas, y por
eso cuando surge la medida
no se realiza el descuento
total. “El por ciento se
aplica al índice de
formación de precios, no al
precio en sí”.
Sabemos que para la
población las reducciones no
son suficientes ni
satisfacen toda la demanda,
pero la realidad es que en
artículos como el calzado y
las confecciones textiles no
podemos hacer otros cambios,
porque entonces las
solicitudes serían mayores
que la oferta o el índice no
cubriría los niveles de
gasto de las empresas.
En cuanto a la solicitud de
ampliar la medida a otros
productos, la urgencia
primera es consolidar lo que
hemos hecho y resolver las
deficiencias detectadas.
“Ahora hay que abastecer dos
o tres veces más a las
unidades, pero aun cuando la
demanda haya crecido, las
capacidades logísticas son
las mismas de antes, sobre
todo los medios de
transporte”.
“El objetivo de incrementar
la capacidad de compra del
peso cubano sigue estando en
el centro, en el eje de
nuestra meta, y estamos
conscientes de que no se
logra solo por esta vía,
pero esa es una de las
tareas que acompañan al
proceso”.
Por los parlamentarios,
Graciela Rodés Driggs, de
Banes, Holguín resaltó el
favorable estado de opinión
constatado en su territorio.
También abundó en la
voluntad de recepcionar
mayores volúmenes de
producción, en la
capitalización del sistema
de acopio y en lo perentorio
de seguir bajando los
precios de los productos
agropecuarios.
Roberto Núñez, de Cárdenas,
Matanzas reconoció el efecto
positivo de las
disposiciones aprobadas en
el capítulo agropecuario,
aunque un tema pendiente,
subrayó, es la adecuada
identificación de los
mercados que participan de
los precios máximos fijados
para el expendio minorista
de un grupo de rubros, en el
ánimo de que la gente sepa
bien qué tipo de mercado es
y pueda exigir que no se
violenten las tarifas
establecidas.
Otra solución aplazada es la
que le compete a los
sistemas de pesaje en los
agros —prosiguió Núñez—, lo
cual desprotege al
consumidor y le hace las
veces de resorte a
actividades ilícitas.
Incluso la balanza de
comprobación está alterada
en muchas ocasiones. Una
puerta de acceso importante
para esa protección y
respeto al consumidor, se
abre con la comunicación
oportuna.
Y redondeó su intervención
el parlamentario matancero,
con una conexión necesaria
en las dificultades
persistentes en materia de
atención en los servicios,
de las que son objeto y
sujeto no pocas unidades de
TRD, práctica a todas luces
incongruente con lo que el
país está implementando
actualmente en las esferas
en cuestión. Por su parte
Leyanis Mesa, diputada por
Mayabeque, enfocó en su
turno a la palabra los
problemas longevos en las
cuentas por pagar y por
cobrar fuera de término, lo
cual compromete la
estabilidad de esos rubros
en la red comercial.
Rafaela Isaac, de Santiago
de Cuba, estacionó sus dudas
en los establecimientos en
CUC, en busca de
explicaciones sobre por qué
no se socializó en el
momento debido una relación
de aquellas mercancías que
se etiquetaron de forma
genérica bajo la firma de
“otros productos”,
adivinados quizá por los
revendedores que lucraban a
costa de los artículos no
identificados.
En respuesta a las
inquietudes, el titular del
Minag, Gustavo Rodríguez
Rollero, explicó que entre
las provincias de Mayabeque
y Artemisa tributan el 35 %
de la producción agrícola
del país. Comentó, además,
el seguimiento diario que se
le da por las partes
implicadas a las cuentas por
cobrar y por pagar, tanto
los débitos de las empresas
con las cooperativas como a
la inversa.
Durante el último chequeo de
conjunto con la ANAP, las
dos modalidades de cuentas
vencidas estaban en los
rangos de lo permisible
—entre ocho y nueve millones
de pesos—, cifras que se
consideran a esos efectos
equilibradas y controladas.
En relación con la garantía
de los suministros,
Rodríguez Rollero señaló que
Mayabeque no tenía hace dos
años una empresa logística
que fuera capaz de proveer
los insumos a los
productores, particular ya
superado y que se explicita
con la apertura, en los
próximos días, de los
primeros asentamientos para
brindar servicios a los
talleres.
En otro momento, la ministra
del Comercio Interior, Mary
Blanca Ortega, profundizó en
el impacto de las
resoluciones aludidas, que
se reflejan en el aumento de
niveles de venta de
productos beneficiados como
el pollo o el aceite, que
han duplicado o triplicado
sus salidas en las unidades
comerciales.
Respecto a las deficiencias
en la metrología en la red
de mercados agropecuarios
informó que se han entregado
pesas y otros instrumentos
de medición, aunque los
esfuerzos distan de resolver
el problema. De otro lado,
refirió el grupo de
productos que cuenta con
aseguramiento como es el
caso de los chícharos,
aceite, arroz, pollo y
leche, no así las
confituras.
El lapso transcurrido es
relativamente joven para
aventurarse a un diagnóstico
categórico de las nuevas
medidas, pero sus signos
vitales ya vaticinan lo
acertado de las fórmulas
recurridas, pensadas con
ojos de población. Aunque la
economía, claro está, no
entiende de prescripciones
médicas a priori, la
práctica se agenciará el
crédito como termómetro de
los cambios.
Tomado de
Granma