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Tomarle las medidas y el pulso a la economía
Por Yaditza del Sol González y Sheyla Delgado G di Silvestrelli
La urgencia del reordenamiento, del análisis y de respuestas ya había hecho eco en el VI Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre del 2015


[06.07.2016]-
Actualización  7:40 pm de Cuba

La urgencia del reordenamiento, del análisis y de respuestas ya había hecho eco en el VI Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre del 2015, cuando los diputados llevaron a la mesa de debate las tarifas de los productos agrícolas en los mercados, las fluctuaciones en el abastecimiento de las redes minoristas, o el alcance de compra del salario respecto a los artículos que comercializaban las tiendas recaudadoras de divisas.

El cambio se hacía imperativo…, y las respuestas llegaron casi una detrás de la otra en los primeros meses del 2016. Las opiniones tampoco se hicieron esperar, en esta ocasión a través de los representantes del pueblo en la reunión conjunta de las comisiones Agroalimentaria, de Asuntos Económicos y de Atención a los Servicios, en virtud del impacto que han tenido las medidas adoptadas para elevar el valor del peso cubano.

Desde deficiencias en los planes comerciales, limitaciones en la transportación, hasta cuestiones  como la ausencia de una identificación que le permita al cliente diferenciar si está arribando a un agro estatal o a uno de oferta y demanda (MAOD), que las pesas no se encuentren certificadas para su uso, o que las pizarras informativas no muestren con claridad la unidad y los precios de los productos…, la lista de deficiencias lastra el fin social de los cambios, como lo recogió el informe presentado en la jornada de ayer.

Otro de los señalamientos explícitos en el documento cuestionó la permanencia de los MAOD en los territorios, pues si bien estos establecimientos ofertan productos con calidad y variedad, fijan una tablilla de precios que no se corresponde con el bolsillo del trabajador, y pueden dar paso a manejos equívocos de los recursos o al desabastecimiento de aquellos agros que sí entran en las normativas. Similar preocupación recae sobre la figura del carretillero.

Razones de sobra para que el Ministerio de la Agricultura (Minag) realice un seguimiento constante de la relación entre productores, comercializadores y el sistema empresarial, así como del rescate de la infraestructura de los puntos de acopio, los talleres y el transporte.

Acerca de la venta de alimentos, ropa y calzado, aunque se aprecia un impacto positivo de la medida, la población acumula dudas que van desde la relación de recientes precios y artículos modificados, hasta los nuevos índices de formación de precios en las cadenas y sus beneficios.

Asimismo, se puntualiza en el informe que gran parte de los kioscos de venta en CUC y unidades pequeñas adolecen de una estrategia de abastecimiento estable y que persisten en las redes comerciales el acaparamiento de confituras y refrescos. 

Pero no todos los inconvenientes pasan por el filtro humano. Cuestiones como el sistema de metrología y el estado técnico de los equipos —realidad que incide negativamente en el pesaje—; el deterioro y ausencia de sistemas de refrigeración; así como las limitaciones con los medios de transportación, van a parar al saco de las carencias e insuficiencias administrativas, resultado a veces de limitaciones de los recursos.

A DEBATE, LOS SIGNOS VITALES DE UN CAMBIO

A principios de año estuvimos requeridos de un rápido reordenamiento que incluyó, por una parte, el trabajo con las fichas de costo de algunos cultivos y garantizar su presencia en los mercados. Y por el otro, se modificaron los precios de artículos de gran demanda en las tiendas en CUC, indicó la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza para dar pie al debate con los diputados.

Esta última medida condujo inevitablemente a analizar cuestiones como el índice de formación de precios que aplican nuestras cadenas comerciales y que hace mucho tiempo dejó de ser el famoso 2,40. Sin embargo, aunque hoy este índice es inferior y se maneja entre 1,50, debe cubrir los gastos y costos de operaciones, además del nivel de utili­dades.

En esta línea del discurso, Pedraza volvió sobre una idea: “No se trata de una rebaja, sino de una modificación”. La diferencia radica en que las rebajas se hacen por inventarios o por lento movimiento, mientras que la modificación trae aparejada no solo nuevos precios, sino también un cambio del margen comercial, o sea, del índice.

Acerca de por qué algunos productos no tienen aplicado el 25 o 30 % mencionado, explicó que  estas mercancías ya habían tenido durante el año, e incluso antes, ciertas modificaciones en el precio y rebajas paulatinas, y por eso cuando surge la medida no se realiza el descuento total. “El por ciento se aplica al índice de formación de precios, no al precio en sí”.

Sabemos que para la población las reducciones no son suficientes ni satisfacen toda la demanda, pero la realidad es que en artículos como el calzado y las confecciones textiles no podemos hacer otros cambios, porque entonces las solicitudes serían mayores que la oferta o el índice no cubriría los niveles de gasto de las empresas.

En cuanto a la solicitud de ampliar la medida a otros productos, la urgencia primera es consolidar lo que hemos hecho y resolver las deficiencias detectadas. “Ahora hay que abastecer dos o tres veces más a las unidades, pero aun cuando la demanda haya crecido, las capacidades logísticas son las mismas de antes, sobre todo los medios de transporte”.

“El objetivo de incrementar la capacidad de compra del peso cubano sigue estando en el centro, en el eje de nuestra meta, y estamos conscientes de que no se logra solo por esta vía, pero esa es una de las tareas que acompañan al proceso”.

Por los parlamentarios, Graciela Rodés Driggs, de Banes, Holguín resaltó el favorable estado de opinión constatado en su territorio. También abundó en la voluntad de recepcionar mayores volúmenes de producción, en la capitalización del sistema de acopio y en lo perentorio de seguir bajando los precios de los productos agropecuarios.

Roberto Núñez, de Cárdenas, Matanzas reconoció el efecto positivo de las disposiciones aprobadas en el capítulo agropecuario, aunque un tema pendiente, subrayó, es la adecuada identificación de los mercados que participan de los precios máximos fijados para el expendio minorista de un grupo de rubros, en el ánimo de que la gente sepa bien qué tipo de mercado es y pueda exigir que no se violenten las tarifas establecidas.

Otra solución aplazada es la que le compete a los sistemas de pesaje en los agros —prosiguió Núñez—, lo cual desprotege al consumidor y le hace las veces de resorte a actividades ilícitas. Incluso la balanza de comprobación está alterada en muchas ocasiones. Una puerta de acceso importante para esa protección y respeto al consumidor, se abre con la comunicación oportuna.

Y redondeó su intervención el parlamentario matancero, con una conexión necesaria en las dificultades persistentes en materia de atención en los servicios, de las que son objeto y sujeto no pocas unidades de TRD, práctica a todas luces incongruente con lo que el país está implementando actualmente en las esferas en cuestión. Por su parte Leyanis Mesa, diputada por Mayabeque, enfocó en su turno a la palabra los problemas longevos en las cuentas por pagar y por cobrar fuera de término, lo cual compromete la estabilidad de esos rubros en la red comercial.

Rafaela Isaac, de Santiago de Cuba, estacionó sus dudas en los establecimientos en CUC, en busca de explicaciones sobre por qué no se socializó en el momento debido una relación de aquellas mercancías que se etiquetaron de forma genérica bajo la firma de “otros productos”, adivinados qui­zá por los revendedores que lucraban a costa de los artículos no identificados.

En respuesta a las inquietudes, el titular del Minag, Gustavo Rodríguez Rollero, explicó que entre las provincias de Mayabeque y Artemisa tributan el 35 % de la producción agrícola del país. Comentó, además, el seguimiento diario que se le da por las partes implicadas a las cuentas por cobrar y por pagar, tanto los débitos de las empresas con las cooperativas como a la inversa.

Durante el último chequeo de conjunto con la ANAP, las dos modalidades de cuentas vencidas estaban en los rangos de lo permisible —entre ocho y nueve millones de pesos—, cifras que se consideran a esos efectos equilibradas y controladas.

En relación con la garantía de los suministros, Rodríguez Rollero señaló que Mayabeque no tenía hace dos años una empresa logística que fuera capaz de proveer los insumos a los productores, particular ya superado y que se explicita con la apertura, en los próximos días, de los primeros asentamientos para brindar servicios a los talleres.

En otro momento, la ministra del Comercio Interior, Mary Blanca Ortega, profundizó en el impacto de las resoluciones aludidas, que se reflejan en el aumento de niveles de venta de productos beneficiados como el pollo o el aceite, que han duplicado o triplicado sus salidas en las unidades comerciales.

Respecto a las deficiencias en la metrología en la red de mercados agropecuarios informó que se han entregado pesas y otros instrumentos de medición, aunque los esfuerzos distan de resolver el problema. De otro lado, refirió el grupo de productos que cuenta con aseguramiento como es el caso de los chícharos, aceite, arroz, pollo y leche, no así las confituras.

El lapso transcurrido es relativamente joven para aventurarse a un diagnóstico categórico de las nuevas medidas, pero sus signos vitales ya vaticinan lo acertado de las fórmulas recurridas, pensadas con ojos de población. Aunque la economía, claro está, no entiende de prescripciones médicas a priori, la práctica se agenciará el crédito como termómetro de los cambios.

Tomado de Granma

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