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Alta fiscalización de la mano de la responsabilidad
Por Lisandra Fariñas Acosta
La Comisión de Salud y Deporte del Parlamento Cubano en su VIII Legislatura debatió el tema del enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades en los sectores de salud, deporte y comunales

[20.12.2017]- Actualización  7:00 pm de Cuba

Con una exhaustiva revisión de los acuerdos tomados en el periodo ordinario anterior, como pulso a lo que se ha hecho y lo que resta, comenzó sus debates la Comisión de Salud y Deporte del Parlamento Cubano en su VIII Legislatura, que trajo además a la agenda de los parlamentarios el tema del enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades en los sectores de salud, deporte y comunales.

Prevención de riesgo y control son dos elementos que atraviesan las causas y condiciones para la ocurrencia de delitos, trascendió en el debate de los diputados, que analizaron los resultados de la fiscalización de los diputados a 73 municipios y 11 provincias del país, y los informes particulares de cada territorio.

El doctor José Luis Fernández Yero, vicepresidente de la comisión y diputado por el municipio de Majibacoa, Las Tunas, presentó los resultados de esta visita, que se concentró en la comprobación del estado de cumplimiento de las decisiones y acuerdos de la ANPP sobre el Plan de la Economía y las medidas adoptadas por los Órganos Locales para el control del presupuesto, así como verificar los resultados de las acciones para dar cumplimiento a lo aprobado en el VIII Periodo Ordinario de Sesiones de la ANPP, acerca del control y uso racional de los portadores energéticos, en especial los combustibles.

En sentido general, dijo el diputado, si bien la situación actual es superior, persiste la falta de objetividad en los planes de prevención de riesgos para evitar la ocurrencia de indisciplinas en los diferentes procesos, lo que puede conllevar a la comisión de delitos y hechos de corrupción.

Por ejemplo, se identificaron empresas que incumplen sus planes de producción y ventas, planifican utilidades y obtienen pérdidas, y por consiguiente, realizan pagos sin respaldo productivo. Por otro lado, la falta de gestión incide en la afectación al salario de los trabajadores.

Asimismo, continúan los incumplimientos de ingresos por los aportes del sistema empresarial, los vinculados a la vivienda, a las unidades presupuestadas de Educación, Salud y Comunales, además de las deudas que mantienen personas jurídicas y naturales. Existen sobrecumplimientos excesivos, lo que denota deficiencias en la planificación y falta de gestión y exigencia en la casi totalidad de las provincias visitadas.

Otro elemento que se apreció y que está gravitando en los presupuestos de gastos, lo constituye el pago de certificados médicos por encima de la provisión creada para estos fines, con mayor incidencia en los sectores de la educación y la salud.

Entre las problemáticas detectadas, el diputado mencionó que a pesar de la respuesta dada por los organismos en mejorar las condiciones de trabajo y elevar las condiciones de vida de los trabajadores en las direcciones de los órganos globales de la economía, aún persisten equipos económicos que no tienen completa su plantilla y falta preparación del personal, siendo más significativo en sectores presupuestados donde se reciben los mayores financiamientos. Continúan deprimidas las direcciones de finanzas y la oficina tributaria en la mayoría de las provincias.

Especial énfasis colocó en el hecho de que se identificaron lugares que mantienen causas y condiciones que propician niveles de desvío de combustible y otras violaciones constitutivas de delitos.

Las principales deficiencias, en ese sentido, están en la desactualización de los planes de prevención, el mal uso de tarjetas prepagadas para combustibles, carros que circulan sin odómetro ni tablas de distancia, y el no hacer un uso adecuado de las hojas de ruta. Los consumos de combustible por vehículo no se encuentran actualizados en varias entidades y existen vehículos con la inspección técnica vencida que permanecen funcionando, además de entidades que poseen más de una tarjeta para combustible por vehículo en explotación.

El presidente de la comisión, doctor Jorge González Pérez insistió en que frente a la corrupción y los delitos en la actividad económica, lo esencial es precaver, no esperar a que ocurran los hechos donde luego los daños son irreversibles. El ambiente de control tiene que ser permanente y cotidiano.

En relación con los portadores energéticos reflexionó: «Cómo es posible que las cantidades de combustible que se expende en los servicentros no se corresponda con las licencias o carros que se encuentran circulando? Es claramente un indicador del desvío de recursos».

En el debate, se dio a conocer que continúa siendo el sector de comunales el que mayor peso tiene en la ocurrencia de ilegalidades, si bien, de acuerdo con la viceministra del Ministerio de Economía y Planificación, Mildrey Granadillo de la Torre, el cumplimiento del Plan de Acción para el enfrentamiento a estas manifestaciones ha permitido en el 2017 disminuir la ocurrencia de casos extraordinarios.

Al cierre de noviembre, explicó la viceministra, habían ocurrido14 hechos de corrupción y delito con una afectación económica de 36 287 pesos, vinculados con el robo en nómina, la estafa al estado por la no liquidación del efectivo proveniente del buró de turismo (Necrópolis de Colón), el robo de combustible y de medios del cercado perteneciente a la Dirección de Comunales de un municipio, el robo de turbinas, un carro para niños de un parque infantil y la apropiación indebida.

Asimismo, entre las principales causas y condiciones que conllevaron a estos hechos, la viceministra enumeró que se realizan inhumaciones sin boleta debido a que el Registro Civil no cuenta con personal de guardia en horario nocturno, ni los fines de semana, por lo cual la mayoría de las provincias van a las viviendas del registrador de guardia que no siempre se encuentra en su casa.

También el tener los documentos fundamentales insuficientes y/o deteriorados, los errores al inscribir los datos del fallecido en el libro de inhumaciones y exhumaciones, la insuficiente cantidad y/o mala terminación en la construcción de bóvedas, nichos y osarios estatales, y el hecho de que no se realiza una planificación correcta de las necesidades, y no hay espacios suficientes en los cementerios.

Se suman a estas problemática, expresó la funcionaria, la deficiente cantidad de cajitas para restos óseos, por no incorporarse en la planificación por parte de Servicios Comunales, así como el incumplimiento de la Resolución No. 325/2011 del Ministerio de Finanzas y Precios, que establece las tarifas en pesos cubanos (CUP) por el traslado de fallecidos a todas las provincias, incluido el Municipio Especial Isla de la Juventud, por vía terrestre, aérea o marítima, a solicitud de personas naturales o jurídicas, según corresponda, desde donde se va a trasladar el fallecido hasta el destino final (funeraria del municipio que se va a efectuar el velatorio y/o la inhumación), tratándose de dejar el fallecido en la cabecera municipal y no continuar viaje hasta el destino final.

Al respecto insistió en que los kilómetros se cuentan desde que se recoge al fallecido para ser trasladado a otra provincia, hasta la funeraria de destino final, no hasta la capital provincial, pues entonces esta tendría que realizar un traslado intermunicipal.

Mencionó además el Coeficiente de Disponibilidad Técnica de los coches fúnebres, el cual se mantiene regular, por falta de piezas de repuesto. Las demandas de piezas, partes y agregados que realizan las Direcciones Provinciales de Servicios Comunales y las Empresas reparadoras no se realizan correctamente, comunales no contrata lo planificado en el plan de reparaciones, se incumplen los cronogramas, entre otras causas.

Respecto a los incineradores, refirió que aún no es eficiente el flujo del procedimiento a seguir para la incineración de cadáveres en La Habana, trayendo como consecuencia insatisfacción en la población. Por otra parte, no se fabrican columbarios en los cementerios y/o incineradores para guardar urnas cinerarias.

En otra de las ramas de este sector, referente a la recogida de desechos sólidos, la viceministra explicó que persiste una inadecuada estrategia de algunas provincias para la recogida de los mismos, a lo que se agregan los vertederos colapsados y que no cumplen con las condiciones sanitarias establecidas y la baja calificación del personal vinculado a esta actividad.

Ante esas realidades los diputados volvieron la mirada al control interno. Francisco Pacheco Álvarez, del municipio de San Luis, en Santiago de Cuba, llamó la atención sobre la importancia de que se domine la Resolución 60 y todos sus componentes.

El diputado planteó ante la comisión una preocupación sobre el traslado de combustible a los grupos electrógenos de montaña, y puso el ejemplo de su provincia donde se traslada a esas zonas un volumen de 30 000 litros. «No entiendo por qué esta tarea no la asume Cupet, que tiene transporte especializado. Comunales lo hace en tanques y tractores, lo cual ha provocado en ocasiones derrames de hasta 2 000 litros», dijo.

Otras de las preocupaciones de la comisión versaron sobre las farmacias, la venta ilícita de medicamentos y los manejos ilegales de recetas médicas, que muchas veces conforman una cadena delictiva. Ante estos hechos debe haber un enfrentamiento directo, pues se juega con la vida de las personas, consideró el presidente de la comisión.

Alina Vicente Gainza, vicecontralora general de la República, insistió en que sigue siendo el tema de la documentación primaria, lo que muchas veces no deja demostrar el delito, y llamó la atención sobre la necesidad de que la aplicación de las guías de autocontrol no sea solamente formal e involucren a los trabajadores.

La vicecontralora puntualizó que si bien en sectores como salud disminuyen los números de los delitos, hay que seguir trabajando.
Destacó que a nivel de subordinación nacional los hechos se han reducido, aunque persisten manifestaciones en los territorios.

En el sector de Comunales el control tiene que ser una prioridad del gobierno y de todos, porque el desorden en el tema del combustible es preocupante, máxime cuando a este organismo se le asigna una cifra significativa, señaló.

(Granma)

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