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La política económica en Cuba: valorando lo alcanzado y los retos a enfrentar (2011-2018) (III)
Por José Luis Rodríguez

[17.09.2018]- Actualización  8:00 pm de Cuba

Los nuevos documentos aprobados en el VII Congreso de PCC –por un lado- dieron continuidad a la política económica trazada en los Lineamientos aprobados en el 2011, lo cual resulta lógico si se tiene en cuenta que el 77% de los mismos se encontraban en proceso en el 2016.
Por otra parte, la profundidad y coherencia de las transformaciones propuestas marcaron sin dudas un momento cualitativamente muy superior en la definición de las vías para el desarrollo del socialismo en Cuba, especialmente si se les compara con los Lineamientos emitidos en el año 2011.

No obstante, la adversa coyuntura económica internacional que el país debió enfrentar a partir del propio año 2016 –que esencialmente provocó que la economía creciera solo 0,5%- planteó nuevos desafíos para la definición de los escenarios futuros, cuestión que se manifestaría con fuerza entre el 2016 y el 2017 cuando se logró un crecimiento promedio anual de solo 1,05%, con una perspectiva algo superior solo al 1,1% en el actual año[1].

La contracción en los ritmos de crecimiento –luego de la tasa de 4,4% lograda en el 2015-, se produce en medio del debate y la reformulación de los proyectos de documentos y ocurre –además- en una coyuntura en la que originalmente esta discusión no había sido concebida como necesaria, todo lo cual creó una situación más compleja para lograr una proyección consensuada.[2]

En efecto, originalmente no se previó la discusión entre la militancia del PCC y otros niveles de dirección social de la Conceptualización y del Plan 2030, pero en el propio Congreso del PCC se informo que los mismos se aprobarían solo como proyectos en ese conclave y que posteriormente se recogerían los resultados de su discusión para su aprobación definitiva.[3]

Es así que la más amplia discusión de la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y del Proyecto de Plan para el Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, entre junio y septiembre del 2016, registró la emisión de unas 150 000 opiniones en el primer caso y 50 000 en el segundo, lo que permitió que ambos documentos recibieran un amplio respaldo popular y se enriquecieran con 36 426 modificaciones y 8 120 adiciones.

Consecuentemente en los documentos finales que fueron emitidos en junio del 2017, se observa un avance cualitativo en torno a conceptos muy importantes en relación al proyecto original. Al respecto pueden destacarse un conjunto de elementos.

–Se introdujo una formulación crítica de las dificultades enfrentadas hasta el 2016, especialmente las asociadas al incremento de la diferenciación social y económica no proveniente del trabajo, así como a la afectación de la motivación y la erosión de valores. Junto a ello se ponderaron las fortalezas para enfrentar los desafíos y dificultades.

–Se reforzó el concepto de participación popular en la implementación de la política económica.

–Se reiteró que sería la planificación y no el mercado la categoría rectora del sistema de dirección de la economía.

–Se definió a la inversión extranjera directa no ya como un elemento complementario, sino como un factor esencial para el desarrollo de una serie de sectores.

–Un elemento conceptual importante resultó la definición del papel complementario a jugar por el sector no estatal, limitándose la apropiación del plusvalor y la concentración de la propiedad privada. En este contexto resultaría más complejo definir las limitaciones a la concentración de la riqueza, cuyo incremento resulta legítimo en una serie de circunstancias no asociadas a la concentración de la propiedad, como es el caso de las remesas o las herencias, tema aún no agotado actualmente en los debates en torno al proyecto de reforma de la Constitución.

Para regular la concentración de la riqueza en el documento se destacó el papel de la política fiscal, aunque la experiencia práctica indica que con la misma no se agotan los mecanismos económicos posibles. En efecto, resulta evidente que esta política debe ser complementada por otra serie de instrumentos regulatorios que permitan dar un uso en línea con lo socialmente útil a la riqueza de personas naturales o entidades privadas, tales como las que se derivan de asociaciones con diversas formas de propiedad estatal.

–En el ámbito del sector no estatal se promueve la ampliación del empleo en el mismo y la necesidad de reconocer empresas privadas medianas, pequeñas y microempresas para su adecuado funcionamiento y control social.

–En lo relativo a la política presupuestaria y fiscal, también se recogió la flexibilización de los subsidios; el acotamiento de la deuda pública y del mercado financiero; así como la reducción de unidades presupuestarias.

–Finalmente en lo relacionado con la política monetaria, se reiteró la necesidad de proceder a la unificación de la moneda y las tasas de cambio hoy vigentes, pero gradualmente y sin recurrir a políticas de shock.

Por otra parte, en el proyecto de Plan para el Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 quedaron pendientes de cuantificar las cifras correspondientes a los diferentes agregados macroeconómicos contenidos en el mismo, lo cual debe concluirse entre el 2018 y el 2019.

En este proyecto se define la visión de nación que se desea alcanzar como soberana, independiente, socialista, democrática, prospera y sostenible. Como fuerzas motrices del plan se proponen seis ejes estratégicos que incluyen: Gobierno eficaz y socialista e integración social; Transformación productiva e inserción internacional; Infraestructura; Potencial humano, ciencia, tecnología e innovación; Recursos naturales y medio ambiente; y Desarrollo humano, justicia y equidad. En torno a estos seis ejes se establecen 22 objetivos generales y 106 objetivos específicos.

En este punto vale la pena destacar que este documento también recoge en su espíritu y su letra los aspectos esenciales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se valoraron en el 36° periodo de sesiones de la CEPAL, celebrado en mayo de 2016 en México.

Resalta igualmente la definición de los 11 sectores clave para el desarrollo de la economía que se incluyen en el mismo. Entre estos sectores se encuentran cinco que se vinculan directamente con la infraestructura productiva y de servicios del país, tales como: construcciones; electroenergético; telecomunicaciones; logística del transporte, almacenamiento y comercio y logística de las redes hidráulicas. Se añaden sectores netos de exportación como turismo y servicios profesionales y sectores que tributan a la exportación y también a la sustitución de importaciones, tales como la agroindustria no azucarera y la industria alimentaria; la agroindustria azucarera y de derivados de la caña de azúcar; la industria farmacética, biotecnológica y de producciones biomédicas, así como la industria ligera.

Cabe apuntar que debiera sumarse a este listado la minería, especialmente la relacionada con la industria del níquel y el cobalto, que continuará siendo la exportación fundamental en los próximos años, en cuanto a los bienes se refiere.

Finalmente, los Lineamientos de la Política Económica y Social 2016/2021 resaltaron la continuidad con los vigentes en el quinquenio anterior, ya que se mantuvieron o se modificaron el 87,5% de estos últimos, lo cual se corresponde con la indispensable conclusión del 77% que quedo en proceso de implementación en 2016. A ello se añadieron 50 nuevos lineamientos, para totalizar 274, cifra inferior en 39 a la versión precedente.

En síntesis, los documentos aprobados –luego de su discusión y enriquecimiento- conforman una plataforma de acción apropiada para la política económica y social por ejecutar en los años por venir. No obstante, su concreción exitosa dependerá en buena medida de la forma en que se implementen los principios y políticas planteadas, lo que incluye su coherencia, ritmo de ejecución y su impacto en la sociedad.

(Continuará)
[1] Más adelante se profundizará en este tema al examinar las proyecciones económicas hasta el 2021.
[2] Al respecto se explicaba “…en esta ocasión no se realizó ese proceso considerando que se trata de la confirmación y continuidad de la línea acordada hace cinco años en cuanto a la actualización de nuestro modelo económico y social.” Informe Central al 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba, presentado por el Primer Secretario del Comité Central, General de Ejército, Raúl Castro Ruz, La Habana, 16 de abril de 2016” Periódico Granma, 17 de abril del 2016, p. 4.
[3] “Hemos concebido que ambos documentos, es decir, la Conceptualización y las bases del Plan Nacional de Desarrollo, luego de su análisis en el Congreso, sean debatidos democráticamente por la militancia del Partido y la Unión de Jóvenes Comunistas, representantes de las organizaciones de masas y de amplios sectores de la sociedad, con el propósito de enriquecerlos y perfeccionarlos.” Ibid.

(Cubadebate)

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