Más de 50 empresarios con intereses en Cuba recibieron amenazas desde Washington

[22.02.2020]- Actualización 11:30 am de Cuba

El gobierno de Estados Unidos reiteró sus amenazas con la negativa de entrada al país a empresarios de España que mantienen vínculos comerciales con Cuba, al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, difundió hoy la revista Preferente.

Según la publicación, directivos de más de medio centenar de empresas con intereses en Cuba recibieron cartas firmadas por el Departamento norteamericano de Estado con la prohibición de acceso al territorio estadounidense, aun cuando alguno posea establecimientos aquí.

La decisión de la administración de la Casa Blanca extiende a esos inversionistas el veto impuesto al CEO de la cadena Meliá Gabriel Escarrer, información difundida a principios de febrero y rubricada el 11 de octubre pasado.

A la par de la decisión gubernamental otras acciones legales aquí mantuvieron su curso a inicios de año contra los inversores españoles en Cuba por reclamos de una familia sobre el uso de uno de los hoteles administrados por Meliá en la isla caribeña.

Pese a la inédita presión de Estados Unidos contra los grandes hoteleros españoles, los inversionistas mantienen su firme apoyo al turismo de la mayor de las Antillas.

Como parte de su creciente hostilidad hacia Cuba, la administración de Donald Trump activó el 2 de mayo de 2019 el Título III de la Ley Helms-Burton de 1996.

Esa norma permite a los estadounidenses interponer demandas en las cortes norteamericanas contra personas y entidades, incluso de terceros países, que inviertan en el territorio cubano en propiedades nacionalizadas tras el triunfo de la Revolución el 1 de enero de 1959.

En opinión de expertos, la aplicación del texto resulta una contradicción con el derecho internacional, ya que ese acápite otorga autoridad de reclamantes a cubanoamericanos, que eran ciudadanos cubanos en el momento de la nacionalización de las propiedades.

En septiembre pasado, Meliá obtuvo un fallo a su favor en las cortes cuando la justicia española ordenó archivar en el país europeo una demanda planteada contra el grupo por la familia Sánchez-Hill, debido a la supuesta explotación ilegítima de unos hoteles en Cuba.

(Cubadebate/ Fuente. Prensa Latina)